El Consell impulsa la mayor ampliación de plazas residenciales públicas para personas mayores de su historia

La política social también se mide por aquello que no siempre se ve a primera vista. Por las obras que consiguen salir adelante, por los proyectos que se desbloquean, por las licitaciones que se tramitan a tiempo y por los recursos que dejan de estar sobre el papel para convertirse en servicios reales. En Mallorca, una de las expresiones más claras de ese trabajo de fondo está en la red pública residencial para personas mayores.

Durante esta legislatura, el Consell de Mallorca, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha impulsado la mayor ampliación de plazas residenciales públicas propias de su historia reciente. El dato resume la dimensión del cambio: la red pasará de 845 plazas a 1.463, lo que supone 618 plazas nuevas y un crecimiento del 73 %. No se trata únicamente de una previsión cuantitativa. Es, sobre todo, el resultado de una estrategia sostenida de planificación, gestión y ordenación de recursos para ampliar la capacidad pública de atención a la dependencia.

Una parte de ese avance ya es visible. En los últimos años se han creado o abierto alrededor de 110 plazas residenciales públicas, gracias, entre otras actuaciones, a la compra del edificio de las Hermanitas y a la apertura de la residencia Miquel Mir de Inca. Son dos actuaciones que explican bien la lógica seguida durante estos cuatro años: incorporar patrimonio y recursos a la red pública, dotarlos de organización, preparar los equipos y hacer posible que esas plazas empiecen a prestar servicio real a la ciudadanía.

El gran salto, sin embargo, se ha construido también sobre el desbloqueo de proyectos que llevaban demasiado tiempo encallados. Ahí aparecen dos actuaciones especialmente significativas: la reforma del módulo D de la Llar d’Ancians y la reforma de la octava planta de La Bonanova. Ambas permiten ampliar la red, pero también actualizar espacios históricos desde una lógica distinta: más accesibilidad, más eficiencia, más calidad asistencial y una organización más alineada con la atención centrada en la persona.

618 nuevas plazas, 110 ya abiertas y una expansión territorial sin precedentes consolidan el crecimiento de la red pública residencial en Mallorca.

Detrás de ese avance hay además una dimensión menos visible, pero decisiva: el esfuerzo administrativo. La tramitación de expedientes complejos, especialmente los vinculados a licitaciones que eran imprescindibles para no perder fondos europeos que en 2023 estaban en riesgo, ha sido una de las claves de la legislatura. El relato de estas plazas no se entiende sin ese trabajo técnico que permite transformar proyectos bloqueados en actuaciones viables.

La ampliación, además, no se limita a sumar capacidad. También redefine el modelo. El IMAS ha vinculado este crecimiento a una idea clara de dignificación de los servicios: residencias más adaptadas a la realidad actual, con espacios pensados para la privacidad, la convivencia, la comodidad y el bienestar de las personas residentes. En esa misma línea se enmarca la continuidad de la transformación de La Bonanova, con la futura reforma de la planta 7 como parte de una reestructuración progresiva del centro hacia un entorno más centrado en la persona.

Ese cambio afecta también a la organización interna del sistema. La equiparación salarial aplicada a los profesionales de Miquel Mir y de Oms-Sant Miquel responde a esa misma voluntad de consolidar la red asistencial: homogeneizar condiciones, reforzar la estabilidad de los equipos y dotar de mayor solidez a los servicios públicos. Porque ampliar plazas exige también fortalecer las condiciones en las que se presta la atención.

Otro de los rasgos distintivos de esta legislatura ha sido la mirada territorial. La ampliación se ha pensado para corregir desequilibrios y extender la red pública a zonas donde hasta ahora la oferta era insuficiente o inexistente. Sant Llorenç sumará 60 plazas; Son Martorell, 120; Bunyola, 120; el módulo D de la Llar de Palma, 52; la Bonanova, 63; Son Caulelles, 30; Hermanitas, 60; Miquel Mir, 38; Muro, 49; y sa Pobla, 40. Es una distribución que no solo incrementa la capacidad, sino que aproxima la respuesta pública al entorno de las personas y de sus familias.

Ese despliegue territorial tiene además una lectura política e institucional clara. Gestionar una red pública no es solo añadir plazas: es ordenar recursos, pensar la isla en su conjunto y procurar que la oferta pública responda de forma más justa a las necesidades reales de Mallorca. En este caso, además, el crecimiento no habría sido posible sin la colaboración institucional entre el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca. El Govern impulsa y construye infraestructuras; el Consell, a través del IMAS, las incorpora a la red, las organiza y las gestiona.

Junto a la ampliación de la red propia, el Consell ha reforzado también otra pata esencial del sistema: el apoyo a las residencias municipales. La institución insular ha asumido el objetivo de cubrir el déficit que estos recursos suponen para muchos ayuntamientos, liberando capacidad económica local y consolidando un servicio esencial. Esa línea de apoyo, que se reforzará hasta alcanzar los 5 millones de euros en 2026, incorpora una dimensión inequívocamente municipalista al despliegue del sistema.

El balance final es el de una legislatura de preparación, desbloqueo, inversión y ordenación. Una legislatura que deja una idea de fondo: poner a las personas mayores en el centro no consiste solo en afirmarlo, sino en traducir esa prioridad en plazas, recursos, equipos y servicios públicos más sólidos. Y eso es, precisamente, lo que empieza a tomar forma en Mallorca.