El Ayuntamiento de Palma cesa al número 2 de la Defensora de la Ciudadanía para satisfacer a Vox

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado esta mañana el cese de Vicente Rodrigo, director adjunto de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía (ODC). La portavoz del Consistorio, Belén Soto, ha admitido que la destitución de la mano derecha de la defensora, Anna Moilanen, en el punto de mira de Vox, responde al acuerdo programático firmado con el partido de extrema derecha el pasado 6 de septiembre.

"Este funcionario continuará ligado a este servicio. No es una decisión que tiene que ver con su valía personal, sino con la necesidad de cumplir uno de los puntos que forman parte del acuerdo programático que el PP firmó hace unas semanas con Vox. El punto 7 de este acuerdo dice textualmente que se eliminarán las duplicidades en los organismos municipales y se adecuará el alcance de la figura del Defensor de la Ciudadanía dentro del contexto de la organización actual", ha señalado Soto.

"Entendemos que la concreción de esta medida es necesaria para hacer realidad el objetivo de restar duplicidades en el organingrama del Ayuntamiento", ha destacado la portavoz, que no ha aclarado en qué duplicidad incurría el trabajo de Rodrigo. "Duplicidad es que no se hagan dos cosas al mismo tiempo", ha añadido Soto, que ha informado de que su lugar será ocupado por otro funcionario.

"El gobierno municipal le agradece el trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos años en la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, a la que seguirá vinculado en su condición de funcionario adscrito a este servicio", ha subrayado Soto. El cese, que tendrá efecto desde el 1 de octubre, se ha acordado en la Junta de Govern celebrada este miércoles.

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Moilanen seguirá hasta 2026

El punto 7 del pacto PP-Vox establece la sustitución de la Defensora por "un funcionario de libre designación". Vox considera que Moilanen no realiza sus funciones con independencia.

Sin embargo, Soto ha expresado el apoyo del equipo de gobierno municipal a la labor de Moilanen, que seguirá en el cargo hasta que su mandato expire en 2026. La portavoz ha evitado decir si la Defensora continuará más allá de esa fecha. "Manifestamos nuestra predisposición a que continúe con su funcionamiento normal y que su titular cumpla el contrato que tiene firmado con el Consistorio y que expira en 2026. Así se le ha comunicado personalmente. Consideramos que sigue siendo una herramienta útil para facilitar a los ciudadanos un interlocutor directo en relación a los temas que son competencia de esta institución", ha destacado.

"Nosotros siempre hemos defendido la figura de la Oficina de la Ciudadanía, una institución que además está protegida por la Ley de Capitalidad", ha añadido.

El PP defendió el pasado viernes la continuidad de Anna Moilanen al frente de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía pese a que en el acuerdo de gobernabilidad que firmó con Vox el pasado 7 de septiembre asume su sustitución por «un funcionario de libre designación». La propia Moilanen intervino en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Pleno de la que se ausentaron los dos representantes del partido de extrema derecha.