El ayuntamiento de Palma cesa a Vicente Rodrigo: "Es una campaña de acoso y derribo contra la Defensora de la Ciudadanía"
El todavía director adjunto de la oficina considera que su cese es un "recorte unilateral e injustificado" a instancias de Vox
Advierte que su "responsabilidad, funciones y representación" serán distintas a partir del 1 de octubre pese a seguir en la institución como funcionario
El número dos de la Defensora de la Ciudadanía, Vicente Rodrigo, cesado oficialmente por el ayuntamiento de Palma esta mañana a instancias del acuerdo PP-Vox, se muestra dolido por la decisión del equipo de gobierno: "Forma parte de una campaña de acoso y derribo contra la institución", ha asegurado.
En palabras a este diario, Rodrigo ha considerado que su cese es un "recorte unilateral e injustificado" que, según explica, "redundará en el servicio que ofrece la oficina", pues "se está empezando a limitar sus recursos y su capacidad para defender a la ciudadanía". "Ahora la Defensora deberá hacer ella sola un trabajo que hacíamos entre dos", ha advertido.
Minutos después de la rueda de prensa en la que la portavoz de Cort ha anunciado el cese, el afectado ha señalado que las explicaciones que expone Cort para motivar la decisión son "vagas" porque "no interesa que se sepa de quién es la mano que mece la cuna".
El todavía director adjunto (el cese tiene efecto a partir del 1 de octubre) relata que ayer mismo un responsable de alcaldía ("no el alcalde", subraya Rodrigo) llamó a la Defensora y le comunicó el cese debido a la "presión" que ejerce Vox sobre el equipo de gobierno para cumplir el pacto.
Como se recordará, el punto 7 del pacto firmado por PP y Vox en Cort plantea "eliminar las duplicidades en los organismos municipales" y "adecuar el alcande de la figura de ‘defensor de la ciudadanía’ dentro del contexto de la organización actual y que sea un funcionario de libre designación".
Rodrigo, que es funcionario de carrera desde 1991 y director adjunto en la oficina desde mayo de 2017, seguirá trabajando ahora en la oficina como administrativo y no como director general, y por tanto con una "responsabilidad, funciones y representación distintas". Su reincorporación como funcionario, que tendrá efecto desde el 1 de octubre, hará que una de las administrativas deba abandonar su puesto y por tanto la institución pasará de tener cinco a cuatro personas.
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