El PP de Palma defiende la continuidad de la Defensora de la Ciudadanía en una comisión de la que se ausenta Vox

El PP defendió ayer la continuidad de Anna Moilanen al frente de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía pese a que en el acuerdo de gobernabilidad que firmó con Vox el pasado 7 de septiembre asume su sustitución por «un funcionario de libre designación». La propia Moilanen intervino en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Pleno de la que se ausentaron los dos representantes del partido de extrema derecha. Como consecuencia, la izquierda ganó las votaciones de dos mociones del PSOE y de Més per Palma de apoyo a la Defensora.

Fuentes de Vox justificaron su ausencia de la comisión en su rechazo a que Moilanen interviniera para defender su gestión y pusiera en cuestión el séptimo punto del acuerdo de gobernabilidad que amenaza su continuidad. «Eliminaremos las duplicidades en los organismos municipales y adecuaremos el alcance de la figura del Defensor de la Ciudadanía dentro del contexto de la organización actual y que sea un funcionario de libre designación», reza dicho punto, uno de los 95 que atan a Vox y al PP esta legislatura.

Miguel Busquets, regidor de Seguridad Ciudadana y representante del PP en la comisión, empezó su intervención pidiendo una «auditoría» de la Oficina de la Defensora, pero acabó por matizar sus palabras expresando el apoyo de su partido a la institución y a quien la dirige.

En todo caso, Busquets señaló que el Consistorio estudiará en profundidad el funcionamiento de la Oficina para implementar mejoras en caso de considerarlo necesario. Y asumió que la pervivencia de esta institución está blindada por la Ley de Capitalidad. El mandato de Moilanen termina en 2026.

El debate fue tenso por momentos. La izquierda, representada por PSOE, Més per Palma y Podemos, afeó a Busquets que expresara su respaldo a la Oficina y a la propia Moilanen después de que su partido firmara con Vox un acuerdo que fija su destitución.

«La Oficina es un ente independiente, no un departamento del Ayuntamiento. Vela por los ciudadanos y por la buena acción de la administración municipal. Lo que quieren es recortar un servicio público y en caso de que un ciudadano tenga un problema tenga que acudir a los servicios judiciales pagando», explicó Kika Coll, regidora que defendió la moción de Més per Palma.

«Vox tiene una obsesión por eliminar esta figura, pero hasta junio Jaime Martínez la defendió. Incluso pidió más recursos para hacer el trabajo con más tranquilidad», añadió.

La moción del PSOE, por su parte, insta al Ayuntamiento a respetar la «independencia en el ejercicio de sus funciones» de Moilanen y a «reconocer y ratificar públicamente la figura de la defensora de la ciudadanía como apuesta firme y el compromiso con los derechos y libertades de la ciudadanía de Palma».

Homes per la Igualtat

Homes per la Igualtat Mallorca expresó ayer su desacuerdo con la propuesta de Vox de cesar a Moilanen: «A lo largo de los años en los que ha ejercido el cargo ha dado pruebas de su profesionalidad y espíritu de servicio público. Y, lo que es más importante, con independencia y neutralidad».

La Defensora: "Están en juego los derechos de los ciudadanos"

Por su parte, la actual Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, trasladó ayer su preocupación por la integridad del organismo a los concejales de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del pleno: «El punto 7 del acuerdo pone en juego los derechos de los ciudadanos», advirtió durante su intervención. Tanto ella como el adjunto a la Defensora, Vicente Rodrigo, se mantuvieron al margen del «debate político y de las ideologías», tal y como han explicado a este diario, pero avisaron del riesgo de que «muchos ciudadanos» se queden «sin un organismo al que reclamar cuando la Administración comete errores».

En el escrito que remitió a todos los regidores de la comisión, Moilanen puso de manifiesto que la propuesta firmada por PP y Vox (que plantea sustituir la figura del defensor por un «funcionario de libre designación») entra en conflicto con la normativa actual y pone en riesgo la «esencia» de la institución al reducir su figura a un funcionario «sometido a la voluntad de los gobiernos de turno». i.r.a./j.b. palma

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