Anna Moilanen: «Cumplir el punto 7 del pacto PP-Vox en Cort supondría una ilegalidad»

El pacto entre PP y Vox en el ayuntamiento de Palma pone en peligro la Oficina Defensora de la Ciudadanía tal y como se conocía: «Eliminaremos las duplicidades en los organismos municipales y adecuaremos el alcande de la figura de ‘defensor de la ciudadanía’ dentro del contexto de la organización actual y que sea un funcionario de libre designación», dice textualmente el punto siete del documento que firmó el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el líder de Vox, Fulgencio Coll. La actual defensora, Anna Moilanen, ya ha señalado en varias ocasiones su preocupación por que la Oficina se convierta en un «elemento de controversia partidista» que «ponga en peligro su esencia», y así lo expresa en un documento escrito por ella misma que presentará esta mañana en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones previa al pleno municipal de este mes.

«El Defensor de la Ciudadanía es un organismo absolutamente esencial e incuestionable en un ayuntamiento», sentencia Moilanen en palabras a este diario: «Somos una vacuna contra la mala praxis, evitamos males mayores y cada reclamación de un ciudadano es un tesoro porque permite mejorar la Administración», añade.

En los siete años que lleva en el cargo, calcula la actual defensora, la oficina ha trabajado con más de 3.000 expedientes. En el año 2022, 7 de cada 10 se resolvieron a favor del ciudadano: «Los propios funcionarios agradecen que exista un organismo que les ayude a mejorar», asegura. Por eso ve «imprescindible» la labor de la oficina y se lo explicará hoy a los concejales en la comisión. En el documento que ha presentado, además, remarca que hasta ahora no ha recibido «ninguna comunicación formal de ninguna entidad municipal, pese a la clara incidencia de los acuerdos en la institución de la Defensora».

«Cumplir el punto 7 del pacto supondría una ilegalidad»

Insiste en subrayar la «imparcialidad» de la labor de la oficina, un carácter que se perdería si se le asignara a un funcionario de libre designación, como proponen PP y Vox: «El formato que plantean atenta contra la autonomía y la independencia del organismo», comenta Moilanen, que señala que en ese caso, la persona que debería defender a los ciudadanos «podría estar sometida a la voluntad de los gobiernos de turno». De todos modos, añade la defensora, el punto en que PP y Vox hablan de «eliminar duplicidades» es «confuso» porque «ningún otro organismo o institución hace la labor de la Oficina Defensora de la Ciudadanía», destaca.

Además, con la normativa actual no sería posible cesar a la defensora, amparada por la Ley de Capitalidad y el Reglamento de Derechos de la Ciudadanía, que establecen una serie de supuestos que se deben dar para cesar a la persona que dirige la oficina (como delitos, condenas o la caducidad de su mandato) y ninguno se puede aplicar en el contexto actual: «Cumplir el punto 7 del pacto supondría una ilegalidad», advierte el documento que ya tienen todos los concejales y que defenderá hoy en la comisión.

«Buen ambiente»

Con todo, Moilanen recuerda que pese a la proposición del polémico punto siete, la Oficina se ha reunido una decena de veces con el nuevo equipo de gobierno en Cort y ha habido «buen ambiente»: «Con el Partido Popular, igual que con el resto de partidos, siempre hemos trabajado bien y han reconocido nuestra labor en varias ocasiones», asegura. La única excepción es Vox: «Nunca nos hemos reunido. Entiendo que es su ideología. Igualmente, tienen las puertas de la oficina abiertas para que conozcan nuestro trabajo».

Incide en el trabajo de «mediación y pedagogía» que hace el organismo, un trabajo caracterizado por la «discreción»: «Nos gustaría quedar al margen del debate partidista. Somos una institución imprescindible para los derechos de la ciudadanía y eso no es cuestionable», concluye.

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