Cort sólo recibió una demanda por discriminación al castellano en todo el 2022

El Partido Popular y Vox aprobaron hace dos semanas en el pleno del Ayuntamiento de Palma la modificación del reglamento de normalización lingüística. Una proposición, exigida por la formación ultraderechista y apoyada por los populares, para que los ciudadanos puedan ser atendidos en castellano por la Administración sin necesidad de presentar una petición expresa. «Consideramos que la lengua no tiene que ser un problema y no hay que hacer un uso discriminatorio» advirtió Fulgencio Coll, líder de Vox en el Ayuntamiento. No obstante, durante todo el 2022, Cort tan sólo recibió una demanda por discriminación al castellano. Así lo corrobora la memoria de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, quién registró una reclamación vinculada al Consistorio sobre la lengua castellana. 

La demanda, según la propia Oficina, se corresponde a un ciudadano que pidió la versión en castellano de un formulario y no se la ofrecieron en aquel momento. Vinculado al Ayuntamiento, la Memoria también recoge otra reclamación y cuatro sugerencias, aunque estos casos estuvieron relacionados al catalán. Dichas reclamaciones y sugerencias están relacionadas con Emaya, la Policía Local, la Oficina de Atención Ciudadana de Pere Garau, la Empresa Municipal de Transportes y la Empresa Funeraria Municipal (EFM) . Así todos los casos quedaron resueltos excepto el de la EFM, en el que a pesar de recibir respuesta del Ayuntamiento, la información no resultó ser concluyente sobre la resolución del problema.

Por lo que respecta al conjunto de Balears, la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos tramitó un total de 141 casos, de los cuales 128 hacían referencia a la exclusión del catalán, 7 al castellano y 6 a ambas lenguas . En porcentaje, la discriminación al catalán se situó en un 91% y el castellano en un 5%. Asimismo, del total de las 128 reclamaciones vinculadas al catalán, se archivaron ocho. En tres ocasiones la información proporcionada era insuficiente para quela Oficina pudiera actuar y en los cinco restantes los hechos expuestos carecían de base jurídica, dado que apelaban a supuestos derechos no previstos en la normativa. 

Por otro lado, en el caso del castellano, del total se archivaron seis casos al constatar que no había base jurídica para las demandas. La memoria apunta que, en este tipo de situaciones, los ciudadanos consideraban como una vulneración de un derecho lingüístico «el hecho de estar expuesto a comunicaciones generalizadas de las administraciones públicas en lengua catalana».

En cuanto a los casos tramitados que implican simultáneamente el catalán y el castellano, por lo general hacían referencia a establecimientos del ámbito privado, como inmobiliarias o establecimientos de restauración, en los que el servicio no se presta en ninguna de las dos lenguas oficiales. De este modo, según apunta la propia Memoria, el mayor número de reclamaciones que las instituciones públicas recibieron por parte de los ciudadanos no estuvieron vinculadas a la discriminación del castellano, sino a la discriminación hacia el propio catalán.

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