Vox pondrá en marcha la Oficina de Libertad Lingüística en septiembre

La formación ultraderechista concretará el mes que viene la estructura y los fondos del organismo a través de una comisión mixta junto al PP

Empezará a funcionar a partir de enero de 2024, una vez se aprueben los presupuestos del Govern

Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament

Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament / B.RAMON

Andrés Martínez

Andrés Martínez

La Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, una de las grandes exigencias de Vox en el acuerdo firmado con el Partido Popular para la investidura de Marga Prohens, se pondrá en marcha a partir de septiembre. Así lo confirman fuentes de la formación ultraderechista, quienes aseguran que el próximo mes concretarán la estructura y los fondos dedicados al nuevo organismo a través de una comisión mixta junto al Partido Popular.

No obstante, la oficina no empezará a funcionar hasta enero de 2024, una vez se aprueben los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Parlament, previstos para diciembre de este mismo año. El organismo, que sustituirá a la actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, tiene como objetivo «restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre y garantizada en esta comunidad autónoma, que es la lengua común de todos los españoles y que ha sido discriminada durante los últimos años» afirman desde Vox.  

La oficina gestionará las denuncias que puedan interponer los ciudadanos respecto a las «actuaciones de discriminación» por parte de las instituciones públicas. La gerencia de dicha oficina estará exclusivamente en manos del partido ultra, siendo esta su principal reivindicación política para apoyar al gobierno en solitario del PP. De hecho, la creación de esta oficina está recogida en el acuerdo programático firmado por ambos, en el apartado de Educación y Lengua. «Crearemos una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas».

A pesar de que en el documento oficial no se hizo referencia a quién lo gestionaría, fue la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas quién confirmó que la dirigirían ellos. «El objetivo es proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones», aseguró Ribas.

Incluso el propio Santiago Abascal, líder de la formación a nivel nacional, presumió de que Vox había logrado una «oficina política» en las islas. «En Baleares hemos logrado para Vox una oficina política de defensa de la libertad lingüística». En este sentido, Abascal consideró que es un acuerdo «histórico y muy razonable» con el que el partido pretende, después de 40 años, «terminar con la imposición del catalán en las aulas y que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español en todas las etapas educativas».

Libre elección de lengua

Precisamente, una de las principales razones por las que se crea esta oficina es para que se ejecute la libre elección de lengua por parte de los padres en el sistema educativo. De hecho, en el pacto firmado entre PP y Vox aparece esta cuestión, comprometiéndose «a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura». En este sentido, Vox consiguió imponer su criterio ya que desde el Partido Popular querían que la libre elección tan sólo se cumpliera en la primera enseñanza.  

No obstante, el conseller de Educación, Antoni Vera, ya confirmó que no se llevará a cabo durante el próximo curso porque no disponen del tiempo suficiente para implantarlo. «Estamos centrados en resolver los problemas más urgentes del sistema educativo», advirtió Vera, quién emplazó la aprobación de la medida para el año que viene. Otra de las reivindicaciones vinculadas a la lengua ha sido la eliminación del catalán como requisito sanitario, también recogido en el pacto firmado por PP y Vox. En el documento programático se asegura que «entre las medidas prioritarias estará la eliminación del requisito lingüístico, en una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios».

La creación de este nueva oficina ha levantado reacciones muy críticas entre la oposición y asociaciones como la Obra Cultural Balear o Joves per la Llengua. En este sentido, la entidad mostró su preocupación por la «voluntad de dinamitar» el modelo de inmersión lingüística catalana en la escuela pública. «El contexto sociolingüístico posibilita que determinados grupos de niños y adolescentes puedan vivir plenamente en castellano, sin ningún contacto con la lengua catalana». En este sentido, exigieron a Prohens que rectifique en sus políticas lingüística.