Antoni Llabrés, miembro de la OCB: "Es lamentable que el PP quiera ejecutar las políticas lingüísticas de Vox en Baleares"

Antoni Llabrés Fuster es profesor de Derecho Penal en la Universitat de les Illes Baleares (UIB) y previamente fue director del Servicio de Política Lingüística en la Universidad de Valencia. Miembro de la junta directiva de la Obra Cultural Balear (OCB), Llabrés se muestra muy preocupado por las políticas lingüísticas que quiere ejecutar el Partido Popular de la mano de Vox en las instituciones de Balears. Así, la OCB amenaza con los tribunales si la modificación del reglamento lingüístico que propuso Vox en Cort no se ajusta a la ley autonómica.

La semana pasada se hizo muy viral el discurso que ofreció en Cort a raíz de la modificación del reglamento de normalización lingüística. 

Efectivamente ha tenido una repercusión extraordinaria, lo que nos confirma el acierto de nuestro posicionamiento a favor de mantener el consenso en materia lingüística. Este tipo de normas tienen que venir precedidas por un consenso político y social amplio, algo que siempre había sucedido a lo largo de las últimas cuatro décadas en Balears.

Cort ha modificado la normativa aprobada en 1987, y a partir de ahora se atenderá a los ciudadanos en castellano sin necesidad de una petición expresa. ¿Qué le parece esta decisión?

En el pleno no se aprobó todavía la modificación del reglamento, lo que se aprobó fue una proposición de Vox que insta a la modificación de la normativa. Habrá que esperar para ver cómo se concretan estos cambios, pero con la regulación que teníamos hasta ahora la administración se dirigía en catalán al ciudadano y este tenía el derecho de pedir la respuesta en castellano. Es algo que no había supuesto ningún conflicto, de hecho la Oficina de defensa dels drets lingüístics nunca ha registrado incidencias. No se corresponde a una demanda ciudadana sino al viraje del PP hacia las posiciones extremistas de Vox. 

No se corresponde a una demanda ciudadana sino al viraje del PP hacia las posiciones extremistas de Vox

La formación ultraderechista presume de haber acabado con la discriminación del castellano.

El punto de partida es diametralmente opuesto Actualmente contamos con un régimen de doble oficialidad aparente, puesto que comporta una jerarquización entre lenguas, con grados de oficialidad de primera y de segunda. Existe una asimetría desde el momento en que el artículo 3.1. de la Constitución prevé el deber de conocimiento del castellano y no del resto de lenguas oficiales. Si Vox y el PP quisieran avanzar realmente hacia la igualdad entre lenguas deberían promover la reforma de la Constitución y la derogación de toda la normativa que impone el castellano.  

Si quieren avanzar hacia la igualdad lingüística deben derogar la normativa que impone el castellano

A nivel jurídico, ¿se puede modificar dicho reglamento en el consistorio palmesano?.

Sí se puede, pero nosotros tenemos serias dudas sobre la legalidad del cambio planteado si no se modifica previamente la ley autonómica 3/2003 de Régimen jurídico de la Administración. No tenemos todavía un texto articulado sobre lo que propone el Ayuntamiento, pero si quiere ejecutar lo que Vox ha planteado acudiremos a los tribunales. Confío en que el PP de Palma rectifique y no apruebe esta medida.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, afirma que la izquierda impone el catalán ¿El Partido Popular le está comprando el discurso a Vox?

El PP se está convirtiendo en el brazo ejecutor de las políticas lingüísticas de Vox y es algo lamentable. De hecho, algunos acuerdos no constaban en su programa electoral como la libre elección de lengua en todas las etapas educativas . Los populares proponían la libre elección solo en la primera enseñanza, hasta segundo de primaria. Otro punto es la desaparición del requisito lingüístico en toda la función pública cuando el programa del PP tan sólo apuntaba al ámbito de la Sanidad.

No tenemos un texto articulado sobre lo que propone el Ayuntamiento, pero si quiere ejecutar lo que Vox ha planteado acudiremos a los tribunales

Uno de los puntos clave en el acuerdo PP-Vox ha sido la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos.

Es otra de las cesiones a la formación ultraderechista, sustituida por una seudo oficina de naturaleza política que gestionará Vox, la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. En los acuerdos de gobernabilidad se hablaba de la creación de esta oficina pero no que dependería del Parlament. Dejarla en manos de Vox va a suponer una fuente de conflictos permanente y una amenaza para la convivencia.

¿Cree que el votante de los populares se puede sentir traicionado?

Una parte importante de su electorado ha vivido de manera satisfactoria el consenso en materia lingüística de los últimos cuarenta años. Estoy convencido de que hay militantes y votantes del PP que no se sienten cómodos con la cesión a una fuerza política que pretende la desaparición del catalán en Balears. Es lamentable que se dejen arrastrar por el fanatismo de Vox, cuando como principal fuerza política de las islas debería aspirar a mantener una posición de centralidad.

La Obra Cultural Balear publicó un manifiesto en el que se aseguraba que «la sociedad civil está preparada para plantar cara» ante esta situación.

 La presidenta [Marga] Prohens, antes de las elecciones, siempre manifestó que no quería crear un conflicto con la lengua. De momento, contamos con anuncios que no presagian nada halagüeño, pero deben traducirse en hechos. No obstante, si se confirma este escenario de persecución a la lengua catalana, la sociedad civil de las islas con la Obra Cultural al frente estará a la altura de las circunstancias. Si caminan hacia esta dirección se encontrarán con una respuesta contundente a nivel político, social y judicial. No dudaremos en acudir a los tribunales si las medidas que se aprueban vulneran la legislación. 

Estoy convencido de que hay militantes y votantes del PP que no se sienten cómodos con las cesiones lingüísticas a Vox

Durante los últimos meses se han destapado varios casos de infiltración de policías mallorquines en el movimiento independentista. ¿Es una investigación legítima?

La Obra Cultural rechaza estas prácticas porque las considera impropias de unos cuerpos policiales democráticos en un Estado de derecho. En un Estado donde rige la libertad ideológica y el pluralismo político no resultan aceptables estas infiltraciones policiales en movimientos sociales.

Si se confirma este escenario de persecución a la lengua catalana, la sociedad civil de las islas con la Obra Cultural al frente estará a la altura de las circunstancias

En clave nacional, Junts per Catalunya tiene la llave del nuevo Gobierno. Una de las reivindicaciones por parte de los partido independentistas ha sido el uso del catalán en el Congreso de los Diputados.

Nos encontramos en una coyuntura propicia para que, en los acuerdos de investidura, la pluralidad lingüística emerja y se convierta en un elemento definitorio de la nueva mayoría que puede aparecer en las Cortes Generales. Es el momento de que el Gobierno, aprovechando la presidencia española de la UE en este segundo semestre, consiga la declaración de oficialidad del catalán en las instituciones europeas. La utilización en el Congreso de los Diputados, que la Administración del Estado esté preparada para un funcionamiento plurilingüe y el uso de las lenguas no castellanas en la Administración de Justicia son cuestiones que reforzarían la presencia del catalán a nivel institucional y social.

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