Ley de vivienda en Baleares: el PP rebaja la euforia de un Pacto oxigenado

La euforia se apoderó ayer del Pacto con el acuerdo para la anhelada ley de vivienda estatal —el fervor progresista coincidía con la celebración del Día de la República—, sobre todo después de que el Congreso tumbara hace apenas un mes la propuesta de Més per Menorca —secundada por toda la izquierda balear— que tenía por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres. El desbloqueo de la principal norma pendiente del Gobierno de coalición era «absolutamente necesaria», confesó Francina Armengol. Con este acuerdo se insufla oxígeno a una izquierda necesitada de victorias para movilizar a un electorado descontento después de ocho años gobernando en Baleares o Comunidad Valenciana.

Aunque la derecha aprovechó la cercanía electoral para rebajar los ánimos. Tanto el Partido Popular como Vox avisan de que, en caso de gobernar a partir del 28 de mayo, las islas se pueden olvidar de todas estas medidas «populistas y en contra los propietarios», en palabras de Marga Prohens, quien hoy presenta por todo lo alto su programa político en el Trui Teatre. Esta dicotomía, con dos modelos totalmente opuestos para afrontar el principal problema de los residentes —según el CIS, casi el 90 por ciento de los encuestados se muestra insatisfecho con la política del Govern— supone un obsequio determinante para el ciudadano de las islas porque facilita su decisión a la hora de elegir la papeleta.

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Mientras la presidenta del Govern aseguraba que han trabajado «muchísimo» para que la ley garantice que las comunidades autónomas puedan limitar los alquileres, así como incluir incentivos fiscales a los pequeños propietarios para que pongan en alquiler sus inmuebles a precios asequibles, el portavoz de campaña de los ‘populares’, Sebastià Sagreras, denunciaba que la ley pretende decirle a los ciudadanos a qué precio tienen que ofertar sus casas: «Ataca a los pequeños propietarios, a los que pretende culpabilizar del problema del acceso a la vivienda, y no servirá para bajar los precios de los alquileres». Los socios, en cambio, oscilaban entre el entusiasmo y la frialdad. El candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, lamentaba que el acuerdo llegara «tardísimo, con retrasos injustificados». En cambio la dirigente de Unidas Podemos, Antònia Jover, manifestaba que «mejorará la vida de millones de personas en nuestro país y nos permitirá poner coto a la especulación inmobiliaria». La clave electoral la ofreció el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute: «Esta ley nos permite poner a todos frente al espejo: las herramientas están, ahora se va a pedir la voluntad política».

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