El fiscal pide al juez recabar los expedientes por dejar caducar la reclamación de la trama Koldo y que se informe del caso a la Fiscalía Europea

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado al juzgado de Palma que abrió diligencias contra el actual director general del IB-Salut, Javier Ureña, por presuntamente dejar caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas que la trama Koldo vendió al Govern Balear, que recabe todos los expedientes que tiene la Conselleria de Sanidad relacionados con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada con Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, así como que informe del caso a la Fiscalía Europea.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau, al tener conocimiento de que la Fiscalía Europea está investigando la contratación de mascarillas FFP2 por parte del Servicio de Salud de Balears, ha pedido al juzgado de instrucción 7 de Palma que comunique a sus colegas europeos la existencia del actual procedimiento judicial contra Ureña, así como que está relacionado con el expediente que ellos rastrean y con “las posibles influencias o presiones en favor de la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL”, ante la posibilidad de que todo sea competencia de la Fiscalía Europea.

Pide que remitan una copia de todos los expedientes

Carrau también pide al magistrado instructor que solicite al Servicio de Salud de Balears todos los procedimientos o expedientes que afecten a la contratación del suministro de mascarillas FFP2 con la empresa relacionada con Koldo.

Por otro lado, la defensa Javier Ureña ha reclamado al juez que archive las diligencias por ser “manifiestamente falsa” la denuncia que interpuso el PSIB-PSOE contra el director general del IB-Salut y “ni siquiera poder intuirse delito alguno cometido por el denunciado”. Los socialistas denunciaron a Ureña por presunta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por supuestamente dejar caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas de la trama Koldo.

Según la defensa de Ureña, que pide el sobreseimiento del caso, la denuncia del PSIB es “un conjunto de malévolas imputaciones carente de cualquier soporte objetivo” y se trata de un “preclaro y muy lamentable ejemplo de judicialización de la política sucia”. El abogado defensor insiste en que el plazo de caducidad de estos procedimientos de resolución de contratos del sector público es de ocho meses y no tres meses y señala que nos encontramos ante actos administrativos que no tienen encaje en la vía penal.

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