Cort valora 'indultar' a la gasolinera de Avenidas pero exige el cierre de la de Progrés "sí o sí"
El Ayuntamiento de Palma considera que puede llegar a un acuerdo con la propiedad para permitir la actividad de la estación de Gabriel Alomar i Villalonga unos años más
Insiste en clausurar la de Santa Catalina, afectada por una remodelación urbanística y con un expediente por contaminación del subsuelo
Un sondeo en la gasolinera de Progrés para detectar un vertido de combustible. / Manu Mielniezuk
El Ayuntamiento de Palma valora 'indultar' a la gasolinera de Avingudes, pero ratifica que la de la plaza Progrés debe cerrar "sí o sí". Sobre ambas estaciones de servicio pesa una orden de cese de actividad desde hace dos años al entender el anterior equipo de gobierno municipal que carecen de permiso para ocupar el suelo público desde 2008. Sin embargo, el nuevo Consistorio medita llegar a algún tipo de acuerdo con la propiedad por el temor de que este proceso se alargue durante años.
"Estamos viendo si hay alguna alternativa que nos permita llegar a un acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta que la gasolinera de Progrès está afectada por una reforma de la plaza y la posible construcción de un aparcamiento subterráneo. Y hay unos informes de contaminación. Por tanto no hay una solución posible, se tiene que cerrar sí o sí", ha manifestado esta mañana la regidora de Gobierno Interior del Ayuntamiento, Mercedes Celeste, que ha ejercido como portavoz de Cort para dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Govern.
"En cuanto a la de Avingudes, valoramos si sería posible llegar a un acuerdo entre el plazo [del fin de la concesión] que dice la empresa y el que dice el Ayuntamiento. Pero habría que ver si jurídicamente es posible", ha añadido Celeste. La idea de Cort pasa por mantener la actividad de esta estación de servicio hasta el año del fin de la concesión que defiende la empresa, pagando un canon.
Una concesión desde 1975
La propiedad de ambas estaciones de servicio defiende que en su día iniciaron su actividad con una concesión del Ministerio en 1975 por un plazo de 50 años. Cort defiende que durante los años se han aprobado diferentes leyes que han modificado el plazo de la concesión hasta el punto de que habría vencido hace años.
Celeste ha señalado que la propiedad sigue afrontando multas de 40.000 euros cada ocho días. En todo caso, el Ayuntamiento descarta llegar al extremo de ejecutar un desahucio administrativo.
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