El PSOE denuncia a Marta Vidal por administrar una sociedad inmobiliaria siendo consellera de Vivienda

El PSIB-PSOE ha registrado la denuncia a la Oficina Anticorrupción contra la titular de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, tras administrar dos sociedades mercantiles, una de ellas inmobiliaria, mientras ocupaba el cargo de consellera. En este sentido, a través de la reclamación, los socialistas quieren conocer "el alcance de la declaración patriomonial de bienes, derechos, obligaciones, intereses y actividades de Vidal; la compatibilidad o incompatibilidad como consellera y al mismo tiempo administradora de dos sociedades, y si existe o ha existido conflicto de intereses".

Según apunta el secretario de organización del partido, Cosme Bonet, "desde el punto de vista de la Ley del Buen Gobierno y Transparencia, esta actividad podría ser un caso de conflicto de intereses o de incompatibilidad, por lo que queremos que la oficina aclare si la consellera ha incurrido en alguno de estos supuestos los meses que ha ostentado el cargo sin haber presentado su declaración".

Tal y como adelantó este diario, la titular de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, Marta Vidal, ha simultaneado su cargo de consellera con el de administradora de dos sociedades mercantiles con sede oficial en Palma y Maó, una práctica incompatible según establece el régimen que regula la actividad de los miembros del Govern y altos cargos de les Illes Balears.

Vidal tomó posesión como consellera el pasado 10 de julio, y mientras tanto fue administradora de la sociedad limitada Fonaments 2020, cuyo objeto social son, entre otras, «las actividades inmobiliarias, de construcción y servicios de alojamiento». Dicha sociedad también se dedica a «actividades de consultoría de gestión empresarial». Asimismo, también ejerció como administradora única en la sociedad MV Urbanismo, Derecho Inmobiliario y Turismo SLP, cuyo objeto eran «las actividades profesionales de ejercicio de la Abogacía».

Oficialmente, Vidal se desvinculó de la administración de estas dos empresas dos meses después de su nombramiento. De hecho, desde la conselleria explicaron que no pudo presentar la declaración de su patrimonio a tiempo por este motivo.  Una publicación que expuso en el portal de transparencia después de que venciera el plazo que marca la Oficina Anticorrupción y ante el riesgo de amenaza de una multa que podría haber alcanzado los 10.000 euros.

Cierre de la oficina

El partido socialista defiende que "el organismo adecuado para resolver esta situación" es la Oficina Anticorrupción y lamenta "que el pacto PP-Vox quieran hacerla desaparecer. Es un organismo que garantiza la transparencia y las buenas prácticas, es una decisión que el Govern debería volver a pensar", apuntó Bonet.

De hecho, el Partido Popular y Vox han iniciado los trámites para eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. Los partidos aprobaron ayer, con los votos en contra de toda la oposición, una propuesta de resolución en la que instan al cierre de la oficina y reclaman una auditoría de procedimientos y cumplimiento de legalidad en los expedientes tramitados o en tramitación. Ahora las formaciones deberán derogar la Ley 16/2016 y dejar sin presupuesto al ente.

Consideran que el coste de 1,5 millones es «desorbitado» y que existe una «evidente duplicidad» entre las funciones de la entidad con otros entes que realizan las mismas competencias como la Fiscalía, la Intervención General o la Sindicatura de Cuentas.