La consellera de Vivienda, Marta Vidal, se arriesga a una multa de hasta 10.000 euros por no publicar su patrimonio

La Oficina Anticorrupción podría imponerle dicha sanción tras no declarar sus bienes en el plazo que establece la normativa

La Conselleria defiende que la publicación será "inminente" y que todavía están dentro del plazo

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal / B. Ramon

Andrés Martínez

Andrés Martínez

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, habría incumplido con la normativa de la Oficina Anticorrupción de Balears al no presentar su declaración de bienes, arriesgándose así a una posible sanción que podría llegar hasta los 10.000 euros. Según detalla el organismo, Vidal disponía de un plazo de 30 días hábiles para entregar la documentación desde el momento en que ocupó el cargo, el pasado 10 de julio.

El artículo 25.3 de la Oficina Anticorrupción, vinculado a las declaraciones patrimoniales, de bienes, derechos, intereses y actividades, expresa lo siguiente: «La declaración se realizará en el plazo improrrogable de un mes que se contará desde la fecha de toma de posesión y de cese en cada cargo público». De esta forma, el plazo ya habría finalizado y la consellera continúa sin hacer pública la documentación pertinente. 

De hecho, Vidal es la única miembro del Govern, incluyendo a la propia presidenta Marga Prohens, que todavía no ha presentado la declaración de bienes, actividades y de IRPF. Según explican fuentes vinculadas a la oficina, en el caso de que Vidal hubiera adjuntado la documentación aparecería de forma automática en el portal de transparencia. Incluso si hubiera presentado la declaración faltando algún documento para verificar aparecería como «pendiente de validar».

Requerimiento

Ante esta situación, la Oficina Anticorrupción de Balears tiene previsto abrir un requerimiento durante este mes de septiembre a todos los cargos públicos que no hayan presentado la declaración, incluida la consellera Vidal. Un requerimiento acompañado de un aviso de posible sanción grave que iría desde los 1.001 euros hasta los 10.000 euros como máximo. De esta forma, según especifica el artículo 32, referente a las infracciones graves, se establece la cuantía de la multa. 

Además, el mismo punto especifica que «en caso de que la infracción suponga un grave perjuicio para una investigación, que pueda derivar en posibles reclamaciones económicas relacionadas con fondos públicos, se aumentará la cuantía de la multa hasta un 5% de la cuantía económica defraudada según la cuantificación hecha por la Oficina».

Por parte de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, defendieron que la publicación del patrimonio por parte de Vidal se realizará de forma «inminente» y que todavía siguen estando dentro del plazo para poder presentarla. No obstante, desde la Oficina Anticorrupción se remiten al artículo 25.3 de la normativa, que establece que la declaración se tiene que presentar en el plazo improrrogable de un mes desde que la consellera toma posesión del cargo.

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