Juicio contra Penalva y Subirán: todo por decidir

El juicio a los investigadores del caso Cursach llega a su ecuador con las espadas en todo lo alto. El exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro policías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han defendido con uñas y dientes todas sus actuaciones. Insisten en que trabajaron de forma legal para «desmantelar una organización corrupta» liderada por Bartolome Cursach y Álvaro Gijón, pero que fueron torpedeados por poderes policiales y judiciales, confabulados para salvar a los auténticos criminales que tenían «sicarios» a su disposición y compraban testigos. La mafia en estado puro. Frente a ellos, un ejército de acusaciones, con el fiscal Tomás Herranz a la cabeza, tratan de demostrar que los seis acusados traspasaron un sinfín de líneas rojas en sus investigaciones, con detenciones injustificadas, amenazas a acusados y testigos y filtraciones a la prensa. Unos desmanes de tal calibre como pedir condenas que suman casi 600 años de prisión e indemnizaciones millonarias para los afectados. El avance del juicio no permite aventurar pronósticos certeros, con la duda todavía sin despejar de si los manidos mensajes de WhatsApp intervenidos a los acusados -punta de lanza de las imputaciones- servirán como prueba o están contaminados por el espionaje ilegal a los periodistas.

Las acusaciones más graves, que disparan las peticiones de condena, son los 15 delitos de detención ilegal por los arrestos del caso ORA en 2016, un supuesto amaño del concurso con sobornos de por medio para Gijón y José María Rodríguez que acabó archivado. Penalva, Subirán y el policía Miguel Ángel Blanco siguen convencidos de que fue «un pelotazo» y sostienen que había «abrumadores» indicios de corrupción. «Fue un fraude como una catedral», sentenció el exjuez, que consideró «correctísimas» las detenciones. "No deteníamos a lo loco", proclamó Blanco, que dedicó varias horas del juicio a detallar las evidencias recabadas, sostuvo que no se les podía exigir el rigor de «una sentencia condenatoria» en aquella fase de las pesquisas.

Penalva: «Cursach tenía una organización criminal que daba pánico a los testigos»

Quienes fueron detenidos en la primera fase de operación -quedan por declarar el propio Gijón, sus padres y su hermano- han asegurado que nada había contra ellos, que las investigaciones tenían graves errores y carencias y que la adjudicación del concurso había sido limpia. Para las acusaciones, aquellos arrestos no eran más que una estrategia para tratar de «arrancar» confesiones, con ‘invitaciones’ reiteradas a delatar a Gijón y Rodríguez. Y ahí está el quid. En delimitar si fue una investigación que se deshinchó como tantas otras o unas detenciones sin ninguna base legal tras las que además un funcionario y un empresario pasaron tres semanas encarcelados.

Uno de los flecos incriminatorios del caso ORA son las supuestas coacciones a testigos y acusados en presencia de sus abogados. La mayoría de los que han comparecido han minimizado o negado estas supuestas presiones, que nadie denunció en su momento, con alusiones a las precarias condiciones de los calabozos de la Policía Nacional: «La coacción venía por la detención. Me daban pan duro para comer y había un charco de orina. Era un sitio de tortura». El más contundente fue el que fuera abogado de Bartolomé Sbert, que acusó a uno de los agentes de Blanqueo de decirle al número 2 de Cursach que si no incriminaba a Rodríguez «se chuparía cinco meses de cárcel». El letrado no estaba presente en ese momento y Sbert todavía no ha declarado en el juicio.

En su defensa, los acusados han esgrimido también que los mandos policiales y el fiscal de Anticorrupción Juan Carrau -citado hasta la saciedad, pero a cuya declaración acabaron renunciando-, «conocían y avalaban» todos los pasos de la investigación. A Carrau lo han situado en algunos de los interrogatorios y su papel en la causa quedó patente, entre otras cosas, por oponerse a la desimputación del algunos encausados. El exjefe de Blanqueo, José Luis García Reguera, aseguró así que no es más que un «cabeza de turco». Los aludidos jefes policiales, como el actual jefe superior José Luis Santafé o el inspector ya jubilado Antonio Suárez, se desentienden del caso. Defienden que el grupo de Blanqueo estaba «gobernado» por Penalva y Subirán y que la información que les suministraban a ellos era «incompleta».

Las filtraciones cojean

La tercera pata de las acusaciones son las filtraciones a los medios de comunicación de las investigaciones del caso Cursach, calificados como revelación de secretos, y es quizá la que peor ha resistido en la primera parte del juicio. Anulados del proceso todos los whatsapps que hacen alusión a este delito por proceder del espionaje ilegal a los periodistas, los acusados han negado rotundamente ser la fuente de información y los autores de las noticias no han revelado de dónde las obtenían. El bagaje probatorio se antoja, de momento, escaso.

Los policías que investigaron el caso Penalva y Subirán, Juan Márquez y Juan Palomo, defendieron con ahínco sus propias pesquisas, aunque evidenciaron algunos agujeros en la causa y acabaron admitiendo «errores» y «especulaciones» en sus abultados informes. Fueron ellos quienes, tras el hallazgo de los whatsapps, buscaron a los posibles perjudicados. «Lo importante son los whatsapps», incidió Márquez sobre los mensajes cuya legalidad no se dirimirá hasta la sentencia. Las incautaciones de los móviles que ellos mismos realizaron están en la picota: las de dos periodistas han sido declaradas ya ilegales y las de dos policías de Blanqueo han sido seriamente cuestionadas.

Suscríbete para seguir leyendo