Penalva y Subirán serán juzgados con dudas sobre la legalidad de la prueba clave

El juicio contra Penalva, Subirán y los cuatro policías seguirá adelante pero con importantes dudas sobre la legalidad de sus mensajes de WhatsApp intervenidos, la prueba clave del caso. El tribunal, en un auto notificado hoy, deja ya fuera de la causa aquellos que hacen referencia al delito de revelación de secretos a periodistas por el «inadmisible» espionaje ilegal a los informadores con el que comenzó la investigación, «impropio de un estado de Derecho». Los magistrados, en cambio, mantienen vivos los chats que hacen referencia a las posibles detenciones ilegales, coacciones y prevaricaciones y aplazan hasta la sentencia su decisión sobre su posible nulidad. Así, el juicio se reanudará el jueves según lo previsto con las declaraciones del exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los policías acusados, para quienes la Fiscalía pide penas de hasta 121 años de cárcel.

El tribunal resuelve de esta manera las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio de la vista, en las que las defensas pidieron la nulidad total del proceso. La resolución de los magistrados Antoni Capó, Diego Gómez-Reino y Felisa Vidal vincula directamente los listados de llamadas de los periodistas José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press recabados ilegalmente por la Policía para averiguar sus fuentes con la incautación de los teléfonos de dos de los agentes de Blanqueo acusados, donde se encontraron los mensajes de WhatsApp con el juez y el fiscal del caso Cursach que permitieron ampliar y agravar las acusaciones contra ellos.

La sala considera que las medidas adoptadas contra los periodistas por el juez Miguel Florit con el visto bueno del fiscal Juan Carrau para vulnerar su «casi absoluto» derecho al secreto profesional se apoyaron en «inadmisibles razones de comodidad probatoria, impropias de un Estado de Derecho porque no caben atajos cuando están en juego derechos de tanta trascendencia». Los magistrados concluyen de esta manera que los mensajes para probar que los acusados filtraban información reservada o secreta a los periodistas no podrán ser utilizados como prueba, pero abre la puerta a que ese delito de revelación de secretos se acredite por otras vías durante el juicio.

El tribunal alberga muchas dudas sobre si esta nulidad debe afectar a los mensajes de WhatsApp en los que se apoyan el resto de delitos y aplaza su decisión hasta la sentencia. El meollo del asunto es determinar si la entrega del teléfono móvil por parte de uno de los policías acusados cuando fue detenido por las filtraciones, lo que permitió hallar todas las conversaciones, fue legalmente válida y si la aparición del de resto de mensajes puede considerarse un hallazgo casual excepcional, «un descubrimiento de un hecho delictivo imprevisto, no buscado y fortuito ante el que la Policía no puede mirar hacia otro lado», según resumen los magistrados. 

El tribunal considera que es necesaria la celebración del juicio para determinar si la nulidad decretada por el espionaje ilegal a los periodistas afecta también a estos mensajes. Aunque su anulación sería un importante revés para las acusaciones, también en este caso consideran los magistrados que existen otros medios de prueba posibles para probar los delitos.

Con esta decisión, el TSJB mantiene intactas todas las acusaciones de la Fiscalía contra Penalva, Subirán y los policías pero obliga a las partes a replantearse sus estrategias. No tienen mucho tiempo, porque el juicio se reanuda esta misma semana. Entre este jueves y el próximo martes está previsto que declaren los seis acusados. El calendario tampoco se ha visto alterado de momento, por lo que las sesiones se prolongarán hasta el 25 de septiembre.

Varapalo al fiscal Herranz

El tribunal que juzga el caso Penalva y Subirán no ha admitido como prueba el informe aportado por el fiscal Tomás Herranz en el que un comisario de la Policía Nacional se investigaba a si mísmo para concluir que no filtró información al diario Última Hora. «No es un informe objetivo ni imparcial», resuelve la sala sobre el documento elaborado por el comisario Juan Márquez y aportado por el ministerio público al inicio del juicio. La sala cuestiona duramente el método utilizado por Herranz para aportar esta prueba, que encargó sin solicitarlo al tribunal ante las acusaciones de Penalva y Subirán en sus escritos de defensa.

Por otro lado, los magistrados rechazan la petición del exjuez y el exfiscal para apartar a Herranz del juicio por «pérdida de imparcialidad», al entender que no existen motivos para ello y que los acusados han podido defenderse con todas las garantías.

El auto acota también el papel de las acusaciones particulares, entre ellas la del magnate Bartolomé Cursach, como reclamaron las defensas. La sala entiende que en sus escritos de acusación se han excedido al formular acusación por hechos de los que no son perjudicados y concluye que no están legitimados para ello. De Cursach y Sbert, por ejemplo, señalan que solo pueden formular acusación por las filtraciones a periodistas que les afecten directamente y las supuestas presiones sufridaspor las acusados.

También al expolítico del PP Álvaro Gijón le reprocha la sala que mantenga una acusación contra los procesados por organización criminal, delito que ya fue descartado durante la instrucción de la causa.