El fiscal replica que todas las pruebas del caso Penalva y Subirán son válidas y pide celebrar el juicio

El fiscal Tomás Herranz ha intentado este miércoles romper cualquier vínculo entre el espionaje ilegal a varios periodistas, cuyas llamadas fueron analizadas para averiguar sus fuentes, del caso Penalva y Subirán. En su respuesta a las peticiones de las defensas del exjuez, el exfiscal y los cuatro antiguos miembros del grupo de Blanqueo de la Policía, Herranz consideró válidas todas las pruebas recabadas, solicitó al tribunal que desestime todas las cuestiones de nulidad planteadas por los acusados y reclamó que el juicio se celebre. Las acusaciones particulares se sumaron de forma unánime a esta reclamación. La vista ha quedado suspendida hasta el próximo día 22, cuando está previsto que empiecen a declarar los encausados, a la espera de que los magistrados decidan sobre las peticiones de las partes.

Herranz aseguró en la segunda sesión del juicio que «ninguna» de sus acusaciones de revelación de secretos por 27 informaciones se basa en los listados de llamadas de los periodistas recabados de forma irregular. El fiscal argumentó que la Policía Nacional, cuando llevó a cabo estas actuaciones luego anuladas, «no tenía voluntad de vulnerar el derecho al secreto profesional del periodista», y argumentó que ya existían «sospechas» de que las «filtraciones venían» del grupo de Blanqueo. De este modo, afirmó que «no hay relación directa» entre el espionaje a los periodistas y los mensajes de WhatsApp incautados a los acusados. 

En este sentido, añadió que estos mensajes fueron hallados en los teléfonos de dos de los agentes de Blanqueo -Iván Bandera y Blanca Ruiz-, que según dijo entregaron los terminales «de forma voluntaria» cuando fueron detenidos. Herranz rechazó que se produjeran irregularidades en estas incautaciones. Añadió que Bandera «estaba confiado porque había borrado los mensajes» y que posteriormente «pudo oponerse al volcado de los datos y no lo hizo». Así, considera que esta vía sirve para validar los chats de WhatsApp en los que se basan buena parte de sus imputaciones contra los seis encausados.

El fiscal replicó también a la denuncia de las defensas sobre la atribución de estas pesquisas a agentes de la Jefatura Superior de Balears y no de Asuntos Internos. "Esta investigación no nace del seno de la Policía, sino que es ordenada por un juzgado de instrucción", replicó, aludiendo al juez Miguel Florit. Sobre este añadió que "no había motivos para que se abstuviera de investigar las filtraciones" denunciadas a mediados de 2018 por Cursach y Sbert. "Se dio de baja cuatro días después de ser objeto de querella" por parte de los periodistas a los que espió, señaló.

Herranz elevó el tono para responder a la petición de los acusados de que se le inhabilite para actuar en este juicio. "No hay ningún motivo para que la sala diga que me levante y me vaya. Ya se ha intentado por otras vías, con dos amenazas de querella que se están tramitando. Pero si la finalidad de esta alegación es causar intimidación o temor sobre este fiscal, debo informar que no va a ser el caso. Voy a seguir hasta que termine el juicio", sentenció.

Las acusaciones particulares, que representan a varias personas que fueron imputadas, detenidas o encarceladas durante la investigación del caso Cursach, siguieron la estela de la Fiscalía. Con argumentos muy similares a los del ministerio público, reclamaron al tribunal que desestime todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas. "El juicio debe celebrarse para aclarar lo sucedido y permitir a las víctimas explicar lo que ocurrió en aquella época", argumentó uno de los letrados.