Un abogado sostiene que un policía «le pidió a Sbert la cabeza de Rodríguez o se chuparía cinco meses de cárcel»

El abogado de Bartolomé Sbert durante buena parte del caso Cursach aseguró este martes en el juicio que uno de los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía «le pidió la cabeza de José María Rodríguez» y le dijo que en si no declaraba contra el político del PP «se chuparía cinco meses de cárcel». El letrado Antonio Martínez también narró varios encontronazos con el juez Manuel Penalva y afirmó que durante una conversación en el juzgado el magistrado «puso una pistola encima de la mesa». Afirmó además que durante toda la instrucción «eran constantes las filtraciones» en la prensa y cuestionó también el uso del secreto de sumario que hicieron los investigadores.

Martínez narró, según lo que le contó después Sbert, que tras su detención en febrero de 2017 el policía Miguel Ángel Blanco sacó del calabozo al director general del grupo Cursach para decirle «que debía colaborar con ellos» acusando a Rodríguez. Un episodio que se habría repetido cuando Sbert pasó a disposición judicial. En ese trámite, en el que se decretó el ingreso en prisión, precisó que estaban presentes los fiscales Juan Carrau, «que era el que hablaba», y Miguel Ángel Subirán.

Martínez explicó que no denunció estos hechos, por los que la Fiscalía pide 2,5 años de cárcel para Blanco, hasta noviembre de 2017 por el «escenario de miedo». En este sentido, narró dos episodios con Penalva. En uno, el magistrado le dijo «que había unos matones por ahí y que bajaba la basura armado con una pistola». «Yo me acojoné, me asusté mucho», dijo Martínez. En otra ocasión, durante una conversación, el magistrado «puso una pistola encima de la mesa».

El abogado de Sbert, cuya denuncia dio pie a la investigación por revelación de secretos que ha desembocado en este juicio, apuntó que «las filtraciones eran una constante» durante la instrucción. «Creaban un daño terrible y generaban un clima brutal», opinó.

Las filtraciones protagonizaron buena parte de la sesión de este martes con otros siete testigos. El fiscal Tomás Herranz trata de atribuirlas de forma indirecta y por descarte a los acusados, a quienes imputa delitos de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos por los que reclama también penas de cárcel.

En sus interrogatorios a un ex alto cargo de Calvià, una funcionaria del ayuntamiento de Palma y su abogada, un agente de la Policía Local y tres empresarios, Herranz les preguntó si habían dado información a periodistas de las diligencias en las que participaron como investigados o como testigos. Todos lo negaron y ninguno pudo achacar la filtración a los acusados de forma directa.

Uno de los abogados que tuvo el político Álvaro Gijón explicó que un periodista le dijo en un bar que el juez Manuel Penalva había sido la fuente de una información errónea sobre la cantidad de dinero incautada en un registro. «Me lo dijo absolutamente en serio», señaló este letrado. A preguntas del abogado Pedro Horrach, confirmó que tras la puesta en libertad de los padres y el hermano de Gijón por el caso envió un mensaje al policía Miguel Ángel Blanco para agradecerle el trato.

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