Miguel Ángel Blanco, subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional: «Había muchos indicios del amaño de la ORA, no deteníamos a lo loco»

No es extraño que un policía defienda en un juicio las investigaciones y arrestos que ha llevado a cabo para perseguir delitos. Lo raro es que lo haga desde el banquillo de los acusados y con una petición de condena de más de cien años de prisión por detención ilegal, obstrucción a la justicia, prevaricación y revelación de secretos. En esta tesitura, el antiguo subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco defendió este martes con uñas y dientes «la absoluta legalidad» de sus actuaciones en el caso Cursach y las piezas derivadas, especialmente las del concurso de la ORA de 2013 y los sobornos que habrían recibido Álvaro Gijón y José María Rodríguez por ello. «Había muchos indicios de que el concurso de la ORA estaba amañado y de que se habían cobrado comisiones, no deteníamos a lo loco», resumió Blanco, que incidió en que tanto el fiscal Carrau como los altos mandos policiales «validaron, justificaron y avalaron» los arrestos. En una larga exposición de más de cinco horas y solo a preguntas de su abogado, enumeró todos los indicios recabados y aventuró que «habrían sido utilizados como prueba de cargo en el hipotético juicio», en alusión a que el caso fue finalmente archivado.

Blanco explicó que las pesquisas del caso ORA comenzaron cuando a finales de 2015 un testigo, al que dieron credibilidad por los detalles que aportaba, declaró sobre los «trapicheos y mordidas» del concurso del ayuntamiento de Palma, en los que implicaba a Gijón y Rodríguez. Cuando pidieron el expediente del concurso a Cort, detectaron constataron «la ocultación inicial de las actas de la mesa de contratación, el precio del contrato -seis millones de euros superior al anterior-, la realización de un informe jurídico el mismo día que se pedía y la vinculación jerárquica entre los miembros de la comisión técnica y Gijón», detalló Blanco. El antiguo subinspector de Blanqueo explicó que al analizar la documentación comprobó que la oferta ganadora, la de la UTE de Roig, Dornier y Api- «era la más cara y antieconómica». «La mejor manera de amañar un concurso es que los funcionarios le entreguen los pliegos al empresario o que se pongan de acuerdo y los redacten juntos. Esto es lo que presuntamente ha pasado aquí», consideró. Blanco defendió en todo momento su investigación, que culminó con la detención de 12 personas, y llegó a decir que «en cien vidas haría lo mismo». Además, incidió en que su labor era «operar en el plano de los indicios». «Parece que se nos exige que en la primera fase de la investigación hagamos una sentencia condenatoria», sentenció.

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Respecto a los supuestos sobornos, que desembocaron en una segunda fase de las pesquisas conocida como caso ORA II, señaló que sí investigaron a Rodríguez, pero que los datos recabados «no permitían entrar a fondo». En cambio, «la familia Gijón tenía el entorno perfecto para blanquear». Dijo haber comprobado que el empresario Antonio Roig y Álvaro Gijón tenían una «amistad íntima» y que en la legislatura 2011-2015 aquel se llevó «el 33 por ciento de los 190 millones adjudicados en contratos, 62 millones de euros». Y afirmó haber detectado que Gijón dio salida al dinero «cobrado supuestamente de la comisión» comprando un piso a su hermano, en una operación reseñada por «unos 9.000 euros» cuando el inmueble valía «al menos 200.000». Tras justificar así las detenciones, afirmó que los familiares de Gijón «borraron 75 gigabytes» de sus dispositivos, en lo que calificó de «destrucción de pruebas. En el último tramo de su declaración Blanco negó tajantemente las filtraciones de información a la prensa y las coacciones y presiones a acusados.

Incautación cuestionada

El último de los cuatro agentes de Blanqueo en declarar, Iván Bandera, cuestionó la legalidad de la incautación de su teléfono móvil, del que se extrajeron los mensajes de WhatsApp utilizados ahora como prueba contra los investigadores. Según contó, cuando fue detenido en la Jefatura de Policía le pidieron el móvil sin que su abogado estuviera presente, bajo la amenaza de «bajar a los calabozos y esperar el auto judicial» si no lo entregaba. «Accedí y se lo di», Contó que el arresto fue practicado por «su jefe» Juan Márquez, lo que condicionó esta entrega, y añadió que el acta de incautación no se hizo en ese momento, sino más tarde. Bandera afirmó que su papel en el caso ORA no fue de analizar la documentación, porque carece de conocimientos, y negó también cualquier irregularidad en las detenciones de los sospechosos.

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