«Me encarcelaron por el caso de la ORA sin dejarme dar explicaciones del concurso»

Seis funcionarios cuestionan sus arrestos y la investigación de Penalva, Subirán y Blanqueo, pero minimizan o niegan las coacciones

El exfiscal Miguel Ángel Subirán y el exjuez Manuel Penalva, a su llegada al juicio.

El exfiscal Miguel Ángel Subirán y el exjuez Manuel Penalva, a su llegada al juicio. / B. Ramon

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Seis funcionarios del Ayuntamiento de Palma que fueron detenidos por el presunto amaño del concurso de la ORA defendieron este viernes, en el juicio por el caso Penalva y Subirán, la limpieza del proceso y defendieron que no había motivos para su arresto en 2016. «Me enviaron a prisión sin dejarme dar explicaciones. Yo podría justificar todo el tema, pero no me le dejaban contar», aseguró Miguel Ángel Femenia, que estuvo tres semanas en prisión preventiva, sobre su declaración judicial. Los testigos minimizaron o incluso negaron las coacciones de los investigadores. «El calabozo era un sitio de tortura. Solo me daban un trozo de pan seco con una loncha de jamón», declaró Femenia. «No me sentí intimidada ni me dijeron que pasaría a testigo en función de mi declaración», sostuvo uno de ellos, desmintiendo así el escrito de acusación de la Fiscalía.

Femenia, que reclama una indemnización de más de 600.000 euros, acaparó buena parte de la sesión. Contó que tras su detención el subinspector Blanco le dijo que «si colaboraba para implicar a Gijón, Rodríguez y Roig podía pasar de detenido a testigo». Femenia, que imputa a los acusados delitos de torturas, argumentó que en el calabozo de la comisaría «casi no entraba la luz» y apenas le daban alimentos y bebida. «No me pusieron ningún problema para acogerme a mi derecho a no declarar», precisó.

Sobre su puesta a disposición judicial, afirmó que «el fiscal Subirán llevaba la voz cantante». «Hacía preguntas y cuando yo intentaba explicar, parecía que ya no le interesaba. Yo podía justificar todo el tema de la ORA, pero no me las dejaban contar», aseguró Femenia, que incidió en que los investigadores «ya tenían toda la documentación aquel día». Precisó que leyó y firmó su declaración: «Lo que yo dije está, pero hay muchas cosas que dije y no están». El testigo, que estuvo en prisión preventiva «22 días y 21 noches», insistió en que «el contrato de la ORA estaba bien hecho y por eso se archivó» el proceso judicial y afirmó que el concurso «suponía un ahorro de cinco millones de euros» para el Ayuntamiento.

El resto de funcionarios que declararon también defendieron la limpieza del concurso y, en mayor o menor medida, señalaron que los informes del grupo de Blanqueo por el que fueron arrestados contenían errores sobre el procedimiento por el que se adjudicó la gestión de la ORA. Sostuvieron así que los indicios para llevar a cabo sus detenciones no eran tales. A preguntas de las acusaciones, varios de ellos desvincularon a Álvaro Gijón del concurso.

«No me sentí intimidada»

Los testigos negaron, por otro lado, haber recibido amenazas o coacciones directas por parte de los investigadores que ahora se sientan en el banquillo para orientar sus declaraciones tanto en la comisaría como en el juzgado. «La coacción venía por estar detenido», resumió Julián García, otro de los funcionarios que fue arrestado. Este testigo negó también que los policías o el fiscal Subirán «jugaran con la puesta en libertad» de su mujer, que también estaba detenida, para condicionar su declaración. «Antes de interrogarme me dijeron que la habían dejado libre. Se lo agradecí al señor Blanco», sostuvo. «No me sentí coaccionada porque no dije nada que no quisiera decir», «el fiscal fue despectivo porque no quiso hacer preguntas», «Subirán no me maltrató, subía el tono de voz», declararon. Incluso uno de ellos rebatió la tesis de la Fiscalía, que sostiene que le ofrecieron levantar los cargos contra ella en función del contenido de su declaración.

Varios de los detenidos por el caso ORA que declararon afirmaron que firmaron sus declaraciones policiales y judiciales «sin leerlas» y que fueron los investigadores Juan Márquez y Juan Palomo quienes en 2019 los citaron para declarar como perjudicados.

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