Los jueces avalan el cierre de las gasolineras de Avenidas y de la plaza Progrés de Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Balears, en una reciente resolución, ha rechazado la posibilidad de paralizar la decisión del Ajuntament de Palma, que ordenó el cierre de las estaciones de servicio de las Avenidas y de la plaza Progrés, debido a que el título habilitante ya ha caducado. La Sala ratifica la decisión del juez de lo contencioso, que rechazó aplicar la medida cautelar que solicitaba la empresa. Los jueces no entran en el fondo de la demanda que ha presentado la empresa contra el Ajuntament, si bien señalan que la decisión de la administración responde al interés público que defiende Cort, frente a los intereses particulares de los explotadores de estas dos estaciones de servicio.

Esta decisión resuelve un primer enfrentamiento entre la empresa de venta de combustible y la representación del Ajuntament de Palma. Un conflicto que se repetirá cuando el TSJB analice en profundidad las alegaciones que mantienen ambas partes para defender sus respectivos intereses. La demanda está en fase de tramitación, por lo que este pronunciamiento no entra en el fondo del conflicto y se limita a adoptar una decisión sobre las medidas cautelares que se solicitaron por parte de la empresa.

El Ayuntamiento de Palma sigue notificando multas contra las gasolineras que ya suman 120.000 euros

Las gasolineras de Avingudes y Progrés enfrentan una segunda multa de 40.000 euros la próxima semana si no cierran

La principal razón que alega la sociedad particular es que si se paraliza las actividad de las dos estaciones de servicio produciría un importante perjuicio económico, que tendría que asumir el propio Ajuntament de Palma. Sin embargo, esta excusa no parece que haya convencido a los magistrados del TSJB. Así, en esta última resolución se señala que «frente al interés particular, exclusivamente de carácter económico, prevalece el interés general que subyace en la actividad de la Administración». Y en este sentido, los jueces insisten en que «la Administración, con su actividad, trata de velar por el cumplimiento de la normativa que requiere que la ocupación de los bienes de dominio público disponga de título».

En la resolución también se incide en que la empresa carece en estos momentos de un título que legitime la ocupación privativa del dominio público. Y ello se debe a que ambas estaciones de servicio se encuentran ocupando un espacio público, pero el permiso que lo permitía título caducó en el año 2008 y , además, desde el año 1985 no se está pagando la tasa administrativa.

Al rechazarse de nuevo la medida cautelar solicitada, en teoría la empresa debería iniciar el desmontaje de ambas estaciones de servicio. De momento, no lo está haciendo, bajo la amenaza de una sanción económica. De hecho, Cort ya ha comunicado a la empresa dos multas sa de 40.000 euros cada una.

Cort multa con 40.000 euros cada ocho días a las gasolineras de Avingudes y Progrés

Fue el pasado mes de octubre cuando la Junta de Gobierno de Cort decidió que ambas gasolineras debían desaparecer de este espacio público al no contar la empresa con el permiso habilitante. El Ajuntament de Palma no es la única administración que interviene en este conflicto de intereses. La conselleria de Medio Ambiente, como señala la resolución, también ha abierto un expediente porque teme que los terrenos públicos sobre los que se sitúa la gasolinera de la plaza del Progrés podrían estar contaminados.

Cort exige también a la empresa que antes de desmontar las instalaciones se redacte un proyecto ambiental para descontaminar ambos espacios públicos. El proyecto podría durar meses.

realicen las tareas de descontaminación, que podría llevar varios meses.

La empresa cuantifica el perjuicio económico en casi nueve millones

La empresa que desde hace años viene explotando las dos estaciones de servicio que Cort ha ordenado cerrar, pretende continuar con el negocio. Y una de las principales razones por las que se opone a la decisión del ayuntamiento de Palma responde a una motivación económica. La empresa ha presentado un informe de un técnico, donde se determina el valor del lucro cesante (el dinero que se dejaría de ingresar) si s e clausuran las gasolineras. El informe cuantifica en casi nueve millones este daño económico y la empresa afirma que es la cantidad que deberá pagar el Ayuntamiento en concepto de indemnización. Además, también anuncia que si se cierran las dos gasolineras ello supondría que los 20 trabajadores serán despedidos, con las dificultades económicas que sufrirían las familias.

También la empresa denuncia que no se ha acreditado qué perjuicio ocasiona la presencia de estas dos estaciones en el interés general, ya que ambas se encuentran inmersas en el espacio urbano desde finales de los años 60. «Nunca ha existido ningún clamor vecinal» en contra de la presencia de estas gasolineras en estos espacios de la ciudad, señala la empresa en su demanda contra Cort, e insiste que si se confirma el cierre, muchos vecinos de ambas zonas deberán desplazarse varios kilómetros para poder repostar sus vehículos. 

Cort ha contraatacado todas estas razones, sobre todo las económicas, detallando que la empresa cuenta con otras 19 gasolineras, repartidas por toda la isla, por lo que el cierre de dos de sus negocios tampoco le supondría un gran perjuicio económico. Además, cuestiona que a la empresa le preocupe el perjuicio económico que sufriría Cort al tener que abonar una indemnización, cuando lleva casi 40 años sin pagar el canon de ocupación.

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