Cort multa con 40.000 euros cada ocho días a las gasolineras de Avingudes y Progrés

La empresa Gasolineras Febrer ha sido multada por el Ayuntamiento de Palma con una sanción de 40.000 euros, que se reiterará cada ocho días, por haber incumplido la orden de cese de actividad de las estaciones de servicio situadas en la Avinguda Gabriel Alomar y Villalonga y en la plaza Progrés. Asimismo, esta empresa deberá abonar 273.000 euros en concepto de tasa de ocupación de la vía pública que no abona desde 1985. En este caso solo le reclaman las cantidades correspondientes a los cuatro años anteriores, tal como permite la ley.

Un funcionario municipal ha constatado este viernes que, pese a que a las doce de la noche del jueves finalizó el plazo para que la empresa procediera al cese de la actividad de ambas estaciones de servicio por carecer de autorización municipal, situación que se remonta a 2008, la empresa no ha acatado la orden. De ahí que ayer mismo la concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, firmara la orden de ejecución forzosa con la imposición, por el momento, de una multa coercitiva que puede ascender al 5% del valor de los bienes ocupados.

Si bien Costa no ha querido adelantar cuál es la cuantía de esta sanción, que se reiterará cada ocho días hasta que se produzca el cese efectivo de la actividad, se sabe que, entre las distintas posibilidades de calcular la esta cantidad se ha optado por la fórmula más segura jurídicamente y que tenga menos posibilidades de ser impugnada judicialmente, como el la de aplicar el 5% sobre el valor catastral de los terrenos municipales ocupados sin permiso. De esta forma, teniendo en cuenta que el valor catastral de estos terrenos, tal como consta en los archivos municipales, es de 800.000 euros, el 5% alcanza la cifra de 40.000.

Otras actuaciones posibles

Por parte del Ayuntamiento no se descarta que en un futuro se adopten más medidas con el fin de hacer cumplir el procedimiento de desahucio administrativo incoado contra esta empresa con el fin de recuperar los terrenos municipales que ocupan sin ningún permiso desde 2008. Costa ha reiterado en repetidas ocasiones que se descarta solicitar para la ejecución del lanzamiento con el precinto de las instalaciones del auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal como se contempla en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (PAP).

Esto es así porque desde el Ayuntamiento no se quiere que la empresa utilice como "escudos humanos" a los trabajadores de ambas estaciones de servicio, puesto que no tienen ninguna culpa del incumplimiento reiterado por parte de la empresa de las condiciones contractuales y del hecho que estén ocupando unos terrenos públicos ejerciendo en ellos una actividad "muy lucrativa" sin disponer para ello de ningún título habilitante desde 2008 ni abonar cantidad alguna a las arcas municipales en concepto de tarifa de ocupación desde los albores de la Democracia, en 1985.

La reclamación de la cantidad de 273.000 euros correspondiente a los cuatro últimos años de la tasa de ocupación de los terrenos públicos a contar desde mayo de 2022 hacia atrás, fecha en la que se les notificó la caducidad de la concesión administrativa ya ha sido notificada.

La orden de de cese de actividad por haber finalizado desde hacía años de la concesión para la utilización del suelo público sobre la que se asientan ambas estaciones de servicio fue aprobada en noviembre del año pasado.

Si bien la empresa disponía de un plazo de ocho días para ejecutarla, presentó un recurso judicial solicitando la medida cautelar de suspensión, lo que les fue denegado por el juzgado. Por ello, el pasado día 9 de marzo le fue reiterada la orden de desahucio administrativo, dándoles nuevamente el plazo de ocho días que han incumplido. Desde el Ayuntamiento, con el fin de que el proceso no pueda ser nuevamente impugnado, iniciaron nuevamente la notificación de cese de actividad, cuyo plazo finalizó este jueves.

La empresa alega que aún dispone de una concesión de una suministradora de combustible que le permite la explotación de la estación (mientras que el Ayuntamiento le reclama el suelo que ocupa). Para incumplir la orden, además, ha alegado que ya han encargado los proyectos necesarios para proceder al desmantelamiento de las instalaciones y al saneamiento del subsuelo y piden que este hecho sea considerado por Cort "como una muestra de buena voluntad".