El Govern cree que el requisito de catalán en la sanidad de Baleares «pone en riesgo» la asistencia sanitaria

PP y Vox convalidan hoy en el Parlament el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario

La consellera de Salud, Manuela García.

La consellera de Salud, Manuela García. / CAIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

El Govern justifica la supresión del requisito del catalán para acceder a la sanidad balear porque esta exigencia «junto con la carencia estructural de profesionales sanitarios afectan y ponen en riesgo la prestación básica y de calidad del servicio público sanitario».

En el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario que PP y Vox convalidan hoy en el Parlament, el Ejecutivo autonómico asegura que han tomado esta decisión «sin perjuicio» de que, una vez dentro de la Administración, las personas que no tengan un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de la lengua catalana «con la colaboración de la Administración mediante el fomento de los cursos adecuados para poder facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas cooficiales en sus relaciones con la Administración».

El Ejecutivo autonómico modificará para ello la ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística en el que se regulan los requisitos de conocimiento de lengua catalana en el Servicio de Salud: «De este modo, los procesos selectivos y de provisión de personal con funciones sanitarias permitirá el acceso de aquellos profesionales mejor calificados, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento disuasorio a la hora de acceder». Esta medida estaba incluida tanto en el programa de gobierno del PP como en el acuerdo con Vox.

La consellera de Salud, Manuela García, reitera que esta exigencia «disuade y excluye» a los profesionales de otras regiones porque «competimos» con otras comunidades autónomas aunque reconoce que es «imposible» que ni el Ejecutivo ni entidades como el Colegio de Médicos pueden saber cuántos facultativos entran o salen del sistema público.