Costa, sobre el caso Metrovacesa: "No estamos dispuestos a asumir un sobrecoste para la administración"

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que "no estamos dispuestos a asumir" un sobrecoste para la Administración y los ciudadanos de alrededor de 10 millones de euros: "Creemos que no es una buena operación, además no tiene los informes técnicos justificativos para poder ejecutarla y responde a una decisión política más que técnica". De estos diez millones, afirma, seis son por la perdua de valor de los inmuebles al ser calificados como viviendas de protección oficial.

El conseller ha explicado que el Govern debería gastarse, según los informes, más de 400.000 euros en habilitar las 88 viviendas de Metrovacesa y considera que se puede afrontar la emergencia habitacional que viven las islas con otras acciones "mucho menos costosas que comprar viviendas de lujo".

También ha afirmado que "no entiendo" por qué el anterior Govern decidió llevar a cabo "deprisa y corriendo" esta operación que suponía sobrecostes: "No tenían cédula de habitabilidad y, de ahí, el diferencial de IVA que se tenía que pagar". En este sentido, ha denunciado que la decisión se tomó sin informes jurídicos que avalaran la compra con criterios técnicos: "Si un tribunal no hubiera suspendido la compra, a día de hoy se habría producido el perjuicio económico para los ciudadanos".

Informes

El informe económico del Ibavi que acompañaba la operación de compra de las 88 viviendas de Metrovacesa impulsada por Armengol e iba firmado por un técnico como aval sostiene que el efecto económico del derecho de tanteo y retracto planteado, si las viviendas se destinaban al alquiler, «no tiene un resultado favorable en términos puramente económicos, pero su incidencia en pérdidas (570.000 euros) parece bastante limitada en relación a la importancia de la operación, y se expone su cuantificación para la valoración de la conveniencia de la operación según otros criterios». Este es el dictamen de uno de los informes de viabilidad económica que encargó el anterior Ejecutivo para avalar la compra de los 88 pisos y destinarlos al alquiler. También encargó otro informe -en el que se basa el actual Govern para abortar la operación- para calcular cuál sería la viabilidad en caso de venderlos. En este caso, el impacto negativo para las cuentas sería de 5,8 millones al tener que vender los pisos como VPO.

El informe de viabilidad económica a partir del alquiler de los pisos sitúa el plazo de recuperación de la inversión (25,8 millones de euros) en 46 años. «Si se computan como inversión todos los gastos de la inversión menos los importes de venta (está contemplada la venta de una serie de aparcamientos y locales), la supuesta rentabilidad sobre la inversión es de casi un 2,3%. Sin embargo, aplicando sólo una pequeña tasa de descuento del 0,5% (se aplica para actualizar los importes de entradas y salidas futuras), la operación resulta tener un valor actual negativo de 573.735 euros». 

Según el informe, la renta anual de las viviendas iba a proporcionar unos ingresos anuales de 696.861 euros a las cuentas públicas.