El Govern traspasa a Madrid las reclamaciones sobre transparencia

El Govern descarga sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez las protestas que efectúen los ciudadanos de Balears sobre la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. Un convenio firmado por el vicepresident Juan Pedro Yllanes con el ministerio de Hacienda, y publicado el diciembre pasado por el Boletín Oficial del Estado, transfiere al departamento de María Jesús Montero la gestión íntegra de las protestas emanadas de la comunidad. Este cambio aparece recogido en el propio portal de transparencia del ejecutivo balear, que ya remite a los reclamantes a la página web del ente madrileño.

Hasta la fecha, las reclamaciones ciudadanas en materia de transparencia eran resueltas por la Comissió de Reclamacions i Accés a la Informació Pública autonómica, adscrita a la conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de Yllanes. Tras su reunión con José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y que dirigió anteriormente la Agencia Española de Protección de Datos, se acordó aplicar la cláusula de una disposición adicional de la ley estatal que permite «la atribución de la competencia» de las reclamaciones a Madrid.

Aunque el convenio anota a continuación de modo equívoco que el traspaso «no supone en ningún caso la renuncia de la competencia balear», se remacha para no alimentar dudas que Madrid se responsabiliza de «la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones». El Gobierno se encarga asimismo de «tramitar y hacer el seguimiento», así como de informar a los particulares y a la administración autonómica.

El pago desde Balears es otro factor decisivo del traspaso a Madrid de las reclamaciones sobre transparencia. Las obligaciones de carácter económico vienen especificadas con todo lujo de detalles, al señalar que «la Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos derivados de la ejecución de este Convenio».

Los costes de la transferencia a Madrid de las reclamaciones vinculadas al buen gobierno serán ingresados «anualmente en el Tesoro Público» por parte del Govern. La instancia autonómica pagará por cada gestión llevada a cabo por el Gobierno, en aplicación de una tabla enturbiada por la borrascosa redacción administrativa pero que, una vez tomadas en cuenta las horas de funcionario público invertidas y los «costes indirectos», se aproxima a los doscientos euros por cada queja.

Aunque el Govern puede denunciarlo, el convenio firmado por Yllanes con Madrid tiene una vigencia de dos años, el presente y el próximo en el que se celebrarán elecciones autonómicas. También se ha concertado una posible prórroga bianual. La «atribución de competencias» al Gobierno efectuada por el Govern dista de referirse exclusivamente a las reclamaciones ciudadanas elevadas contra los departamentos autonómicos.

El ejecutivo de Sánchez también ha asumido la «resolución» de aquellas reclamaciones efectuadas en el orden de la transparencia contra los cuatro Consells insulares, al mismo tiempos que las dirigidas contra «los ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial», así como las entidades del sector público bajo el paraguas de las administraciones citadas. En el caso de las instituciones de menor rango, el Govern «una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los gastos». Una decena de entidades municipales del archipiélago disponen de un portal de transparencia.

De acuerdo con la redacción del convenio, Madrid concede una singular importancia a la percepción económica asociada a la suspensión y traspaso de las competencias. Por ejemplo, si desde Balears no se remiten las reclamaciones en perfecto castellano, el ministerio «podrá encargar este trabajo a un servicio de traducción, pudiendo repercutir su coste a la liquidación que con carácter anual se realice». Si la preferencia por el catalán es solicitada por el reclamante, el Govern también se verá obligado a sufragar la versión pertinente.

Si bien está prevista una comisión de seguimiento, tanto los dos representantes del ministerio de Hacienda como los del Govern serán «nombrados» por Madrid. Además, el Gobierno se reserva con voluntad diáfana «la Presidencia y la secretaría» del ente mixto citado. Toda modificación del acuerdo de traslado de competencias en un asunto sensible, «deberá ser acordada por acuerdo unánime de las partes firmantes», valga la redundancia.

El vicepresidente Yllanes firma el acuerdo de traspaso de las reclamaciones ciudadanas como titular de la cartera autonómica correspondiente. La delegación que ejerce de la potestad de la presidenta Francina Armengol se basa en un Decreto autonómico, que permite la firma de convenios a los consellers, y que fue aprobado por Jaume Matas cuando disponía de mayoría absoluta.

La ley que regula la transparencia, el acceso a la información pública y buen gobierno posee una vigencia de ocho años. Las reclamaciones no son obligatorias, pero su carácter potestativo es previo a la impugnación por la vía contencioso-administrativa.

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