Baleares reivindica ante la UE el factor de insularidad

En plena celebración por el Día de Europa (9 de mayo), Baleares pone el foco en reivindicar el factor de insularidad ante la Unión Europea (UE), considerándolo como uno de los principales retos a resolver de cara a esta legislatura. El Govern de Marga Prohens apunta hacia la necesidad de compensar el hecho insular en cuestiones como el uso obligatorio de biocombustible aprobado por el Parlamento Europeo, una decisión que podría suponer que el precio de los billetes en las islas se dispare. Durante la última partida especial por parte de los fondos europeos, esta Comunidad Autónoma ha recibido 1.070 millones de euros y cuenta con varios proyectos apoyados por la Unión Europea con el objetivo primordial de apoyar a los más jóvenes, además de propuestas interesantes relacionadas con las energías renovables.

En este sentido, una de las iniciativas más destacada es la del SOIB-Jove, un programa de contratación pública dirigido exclusivamente a universitarios menores de 30 años en situación de desempleo. Dotado con un presupuesto de ocho millones de euros, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y beneficiará a casi 300 jóvenes. Otro de los programas en los que las islas, a través de la Universitat de les Illes Balears (UIB), están involucradas es el denominado Green Hyland, cuyo objetivo es desplegar una red de hidrógeno en Mallorca formada por una infraestructura para la producción, distribución y uso final en el transporte, la calefacción y la energía. De esta iniciativa, nace la planta de Lloseta, destinada a producir carburante de los autobuses de la EMT de Palma, entre otras funciones y que fue loada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Asimismo, como desde el Govern consideran fundamental tener un nexo de unión con Europa, reivindican la importancia de la oficina instalada en Bruselas que se ha vuelto a poner en marcha durante esta legislatura. Así lo destaca la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament del Govern, Xesca Ramis, quien explica que actualmente este espacio está ocupado por cuatro jóvenes a través de una beca anual. «El papel de la oficina es fundamental para que conozcamos de cerca todo lo que sucede en Europa en relación a las normativas para después trasladarlo al resto de conselleries», destaca Ramis, cuyo departamento funciona como punto de encuentro entre Baleares y Europa.

La directora general también destaca la función del Comité Europeo de las Regiones, órgano consultivo de la UE, a través del que las islas «pueden tener una voz propia» y presentar enmiendas respecto a los dictámenes ofrecidos. «Hacemos hincapié en la cuestión de la insularidad para que nos den las mismas oportunidades a la hora de compararnos con otras islas y regiones. Nuestro objetivo es que se reconozca este hecho en relación a la normativa europea», expresa.

Uno de los ejemplos más relevantes que pone encima de la mesa el Govern es la medida impuesta por Bruselas respecto al uso de biocombustible en los vuelos comerciales. Cabe recordar que el Parlamento Europeo ya ha aprobado el reglamento ReFuelUE Aviation, que exigirá a los proveedores de combustible que mezclen el keroseno con combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) a partir de 2025. La fecha está a la vuelta de la esquina y aunque se han establecido cuotas —se empezará con el 2% del combustible total— para 2050 la UE obliga a alcanzar el 70 %. Así, desde el Ejecutivo de Prohens ya han expresado su preocupación porque al incremento de las tasas aéreas, que puede afectar al precio de los billetes para los residentes, se suma el uso obligado del SAF. «Las aerolíneas nos han dejado caer que los precios de los billetes se podrían multiplicar por tres», aseguró el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa. Por este motivo, Baleares exige a Europa recibir el mismo tratamiento que Canarias para que las islas queden exentas del uso del biocombustible, igual que el archipiélago atlántico.

Es importante destacar que en el caso de Canarias, la UE aplica una excepción en cuanto a la utilización de este material al ser una región ultraperiférica. No obstante, a pesar de que Baleares no forma parte de este grupo, desde la Conselleria de Movilidad están en conversaciones con Aena para abordar esta cuestión así y han pedido al Ministerio de Transportes que medie con el objetivo de que el aumento de precios no repercuta en los ciudadanos.

Plazos de ejecución

Por otro lado, una de las reivindicaciones que el Govern señala es la vinculada a los plazos de ejecución de los Fondos Europeos. Baleares ha recibido de la última partida especial aprobada desde Europa, y negociada con el Gobierno de Madrid, la cantidad de 1.070 millones de euros. De este montante ya se ha repartido casi la mitad del dinero a través de subvenciones o a particulares, empresas y administraciones públicas. De hecho, según los datos facilitados por la conselleria de Economía y Hacienda, en el mes de julio de 2023 se habían movilizado 670 millones. Esta cantidad alcanzó los 845 millones en diciembre del mismo año. El dinero efectivamente pagado es de 463 millones. Es decir, aún falta algo más de la mitad del dinero por pagar. Por este motivo, y con el propósito de gastar todo el dinero procedente de estos fondos, se va a solicitar a Europa que extienda los plazos para gastar esta partida, debido a la dificultad administrativa que se exige, que está retrasando la entrega de estas ayudas públicas.

Una de las consellerias más afectadas ante esta situación es la de Turismo, que ya ha pedido a los ayuntamientos que se apresuren a ejecutar los fondos en el plazo previsto, a 31 de diciembre de 2024, sin tener en cuenta una posible, pero no segura, ampliación temporal por parte de la Unión Europea. El conseller del ramo, Jaume Bauzà, reconoce la «inquietud» del Govern en cuanto a que estos fondos no se pierdan, por lo que «se deben ejecutar» antes de que finalice el actual ejercicio. De hecho, dentro de la última partida especial, el turismo ha sido junto a la energía los sectores a los que más dinero se ha destinado, con algo más de 500 millones entre los dos. Sin embargo, los pagos se están retrasando por la tramitación de las propuestas, por lo que el Ejecutivo pide que los plazos sean más flexibles para gastar los fondos europeos.