Vuelven a okupar una de las viviendas expropiadas de la calle Aragó
Los vecinos piden la "urgente" demolición de las casas, de titularidad municipal, para ampliar esta vía y cumplir una reivindicación de más de dos décadas
El Col.lectiu Embat ha denunciado que al menos una de las viviendas expropiadas de la calle Aragó ha vuelto a ser okupada. Esta plataforma, que agrupa a varias asociaciones vecinales de la zona, ha lamentado que las viviendas, de titularidad municipal desde 2018, no se hayan demolido todavía para hacer la ampliación de la calle.
Los vecinos han constatado que ha sido okupada una vivienda situada en el número 257 de la calle Aragó. A mediodía del jueves detectaron que la madera que tapaba la entrada de la casa había desaparecido, y por la noche vieron luces en el interior.
El Col.lectiu Embat ha puesto sobre aviso al coordinador del Distrito de Llevant y ha solicitado al departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento "información actualizada" sobre esta okupación. "Urgimos al Ayuntamiento, una vez más, para que proceda a la adjudicación de la obra de demolición de esas casas expropiadas para posibilitar la ampliación de la calle Aragó en esta zona, tan reivindicada por los vecinos desde hace décadas", subraya esta plataforma.
Hace años buena parte de las viviendas fueron okupadas, lo que retrasó todavía más la tramitación de un procedimiento que acumula años sin resolverse.
Los vecinos de Son Fuster Nou y Ses Palmeres reclamaron al nuevo Ayuntamiento de Palma que resuelva un problema cronificado de la ciudad y derribe las casas expropiadas situadas entre el Camí de Can Foradí y la calle Can Roses.
Un problema cronificado
La situación de estas viviendas está prácticamente bloqueada desde que a finales de 2018 el Ayuntamiento anunció el proceso de expropiación de los inmuebles ubicados entre los números 255 y 257 de Aragó, los últimos que quedaban de titularidad privada, por un importe de 680.000 euros. Una actuación necesaria para ampliar este tramo de vía que ahora forma un cuello de botella y dificulta la circulación de vehículos y el paso de peatones, y que estaba prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998.
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