Las infraviviendas del policía multado siguen habitadas dos meses después

La millonaria e histórica sanción impuesta a la sociedad del policía que alquilaba 68 infraviviendas en Palma no ha hecho que los inquilinos abandonen los pésimos habitáculos en los que residen. 

Desde la conselleria de Vivienda, liderada por la popular Marta Vidal, aseguran no saber si en los habitáculos alquilados por el policía todavía reside gente. La realidad, así como ha comprobado este diari, en los trasteros ubicados en una planta baja cercana Gomila en la avenida Joan Miró, es que todavía sigue viviendo gente en pésimas condiciones. Según indican algunos de los inquilinos, su intención es la de no abandonar la vivienda. Aseguran además no tener a donde ir. El ‘casero’, -el agente de la Policía Local de Palma condenado- hace más de dos meses «que no aparece». Tampoco se ha podido ver ningún precinto policial ni ningún signo de presencia de la autoridad en el lugar.  

El policía que alquilaba 68 infraviviendas, multado con dos millones de euros, una sanción sin precedentes en Mallorca

Benjamin, quien vive en la parte superior, mantiene contacto con personas residentes en los trasteros. Balbucea el español -es de origen africano- mientras fuma en el portal, y explica que él tampoco ha visto al ‘casero’ desde hace dos meses. Es conocedor de la multa impuesta por el alquiler de las infraviviendas, - «tiene que pagar dos mil(dos millones) euros el tío»- y confiesa que algunas personas más también están al corriente. No aporta un número exacto, pero sí que afirma que hay gente ha dejado de pagar su alquiler. «Como no viene a cobrar, pues no se paga», detalla. Según su versión, él también ha dejado de pagar. 

En el sótano, un lugar oscuro donde se ubican los trasteros sin ventilación y sin luz natural, dos lavadoras en marcha funcionan a pleno rendimiento en el rellano, frente a varios tenderetes llenos de ropa todavía húmeda. Dos elementos que aseguran que allí sigue viviendo gente, de la cual no ha sido posible saber si todavía pagan el alquiler.  Una luz al fondo de un ténebre pasillo, acompañada del sonido del agua cayendo, también permitía confirmar que allí abajo se estaba duchando alguien junto a lo que parecía ser una menor; el aseo común, también en funcionamiento. 

Estos son los trasteros subterráneos alquilados por el policía local de Palma: sin ventanas, con humedades y suciedad

Lola, otra inquilina de un habitáculo ubicado en la parte superior, con baño propio, ventana y en mejores condiciones que los trasteros del sótano, asegura que no tiene intención de moverse ya que ella sigue pagando el contrato de alquiler que tenía con la sociedad regentada por el policía, pese a que reconoce que hace tiempo que no tiene noticias del mismo. «Yo estoy informada y esto es un local con el sello de habitabilidad, tengo el contrato y como no pienso dejar de pagar, no me voy a ir de aquí». Lola va en silla de ruedas y varias entidades, junto a los servicios sociales, llevan tiempo prometiéndole que le darán una vivienda adaptada para poder salir del lugar en el que reside. Le piden paciencia, aunque desde su primera solicitud han pasado ya cinco años. 

De este modo, pese a haber impuesto la conselleria una multa de dos millones de euros al policía que alquilaba estos trasteros, la más alta de la historia en materia de infraviviendas, todavía no se ha iniciado ningún tipo de trámite para desalojar los trasteros y reubicar a sus inquilinos. No se han puesto en contacto con ellos y la situación está en el mismo punto que antes de la denuncia y de la sanción. De hecho, según Benjamín, se guían «por lo que dice la jueza». 

87 días sin solución

Desde que se hizo pública la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, que terminó por destapar el caso del agente que gestionaba unas 73 infraviviendas en las que residían extranjeros en situación irregular -la mayoría-  en pésimas condiciones en varios puntos de Palma, han pasado un total de 87 días. El dictamen de la dirección general de Vivienda y Arquitectura le considera autor de 68 infracciones muy graves, una por cada habitáculo que comercializaba.

La inquilina de una infravivienda de Gomila alquilada por el policía local detenido: "Da un poco de miedo, pero al menos tenemos donde dormir"

Más de dos meses después, los inquilinos permanecen en sótanos, trasteros y locales habilitados pese a la insalubridad manifiesta que presentan algunos de ellos. «Es una locura vivir aquí y da un poco de miedo, pero al menos tenemos un techo y una cama donde dormir», apuntaba Alejandra, inquilina de una de las infraviviendas con la que este diario pudo hablar el pasado mes de diciembre. En su caso, al vivir junto a su hijo y su pareja, tuvo grandes dificultades para encontrar otra vivienda. Pagaba 440 euros al mes luz aparte, más los dos meses de fianza que pedía el policía: «Es lo mejor que hemos podido conseguir. Al tener un niño nadie quiere alquilarnos un piso o nos duplican el precio», lamentaba.

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