La consellera Vidal se escuda en que nunca acusó a nadie por la compra de las viviendas de Metrovacesa por el anterior Govern

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, se escuda ahora en que nunca formuló una denuncia concreta ni acusó a nadie sobre posibles irregularidades respecto a la adquisición por parte del anterior Govern de Francina Armengol de 88 pisos de la empresa Metrovacesa situados en el barrio palmesano de Nou Llevant. Una vez que la Fiscalía ha archivado el caso al no apreciar indicios de delito, la representante del actual Ejecutivo de Marga Prohens se ha limitado hoy a señalar que lo único que hizo su departamento fue poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el caso ante las dudas que generaba la citada operación.

Vidal ha reiterado que en ninguna comparecencia pública, sea en el Parlament o ante los medios, ha hecho ninguna acusación concreta, sino únicamente trasladar el caso a la Fiscalía para que fuera ésta la que determinara si había alguna irregularidad. «Si no aprecia delito, mejor», ha añadido.

Peticiones de la Fiscalía

La consellera ha negado que no se haya remitido documentación solicitada por el Ministerio Fiscal, sino que éste había solicitado que se presentara formalmente una denuncia, algo que no se hizo.

Marta Vidal ha recordado que la Fiscalía puede actuar por denuncia o de oficio, y lo que desde la Administración autonómica se le había pedido es que analizara si había indicios de irregularidades.

La titular de Vivienda ha negado también que se haya querido provocar un perjuicio sobre la reputación del anterior Ejecutivo autonómico pese a hacer expuesto públicamente este caso, y se ha escudado en que en todo momento ha actuado bajo la obligación legal de poner en conocimiento del Fiscal cualquier duda sobre la posibilidad de que se haya podido incurrir en una ilegalidad.

Caso Metrovacesa

El caso nace durante la pasada legislatura, tras la decisión del anterior Gabinete de Armengol de hacer uso del derecho de tanteo y retracto de la Administración contemplado en la ley balear de vivienda, cuando la promotora Metrovacesa decidió vender los 88 pisos a un fondo de inversión. En esta operación, el Govern debía de pagar 25,8 millones de euros para poder destinar estas residencias a vivienda de protección para alquiler. Al no disponer el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) de liquidez suficiente, se desviaron para la compra 16,3 millones de la empresa pública Ports de les Illes Balears.

El actual Ejecutivo de Prohens no solo puso en conocimiento de la Fiscalía estos datos, sino que además optó por paralizar la compra de esa promoción de viviendas por parte de la Administración autonómica, permitiendo que se consumara su adquisición por parte de un fondo de inversiones.

Vidal también ha defendido ese desistimiento, y ha alegado que el expediente de revocación es «impecable», subrayando que «no ha sido objeto de ningún recurso». Estas últimas afirmaciones se han producido después de que el PSIB-PSOE haya pedido su dimisión al permitir que las viviendas de Nou Llevant, que debían de dedicarse al alquiler por parte del IBAVI para las clases con menos recursos económicos, hayan acabado en manos de un fondo de inversión.

La Fiscalía no ve ningún delito en el caso Metrovacesa y obliga a la consellera Vidal a recular