UGT y CCOO se oponen a la transformación de hoteles en viviendas

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado su oposición a la pretensión del Govern de permitir el cambio de uso de los establecimientos turísticos obsoletos para convertirlos en viviendas de precio limitado, al considerar que esta medida no solo puede suponer la destrucción de puestos de trabajo, sino también agravar el problema del alojamiento para aquellos asalariados que acuden a las islas para realizar la temporada de verano, según ponen de relieve los secretarios generales de las federaciones de Servicios de ambas organizaciones, José García Relucio y Silvia Montejano, respectivamente.

En este aspecto, ambos recuerdan que esa posibilidad ya se incorporó a la ley turística aprobada durante la pasada legislatura, pero exclusivamente para casos muy limitados y correspondientes a establecimientos de zonas maduras, y se rechaza de forma tajante que pueda tener un carácter general.

La compra de hoteles viejos, pendiente de la decisión del Govern de Marga Prohens

José García Relucio señala que la medida que el nuevo Govern de Marga Prohens pretende aprobar este mes como decreto ley abre la posibilidad de que establecimientos de alojamiento de cualquier punto de la isla que están en activo puedan transformarse en viviendas, con el correspondiente cierre del negocio y una indemnización a sus trabajadores de 20 días por año trabajado y un máximo de doce meses de salario.

«Negocio sobre negocio»

Dado que se trata de instalaciones antiguas que están amortizadas, en su opinión la transformación en viviendas supone «hacer negocio sobre el negocio» a costa de destruir empleo.

En este sentido, apunta casos de establecimientos que llevan décadas abiertos y en los que el propietario no ha hecho las inversiones necesarios para modernizarlos, y a los que ahora se les puede abrir la puerta para que se pueda especular con su transformación en viviendas.

Además, el dirigente de UGT recuerda que muchas de estas instalaciones son hostales y hoteles de baja categoría, que son precisamente los que utilizan muchos trabajadores llegados de la península para hacer la temporada turística, por lo que su cierre supone agravar todavía más el grave problema del alojamiento que estas personas registran.

Montejano también pone de relieve esta oposición sindical por el impacto que puede tener sobre el empleo, y señala que precisamente durante la negociación con el anterior Govern y con las patronales de la nueva ley turística ya se acordó que este cambio se debía limitar a casos muy concretos, exigiendo además que una parte de las viviendas que se crearan debían de ser de protección oficial.

Desde ambas organizaciones se ha venido lamentando que las medidas diseñadas por la conselleria de Territorio para impulsar la vivienda asequible se han fijado hablando con las patronales del sector, pero no con los sindicatos.

Romper pactos anteriores

En este sentido, el portavoz del PSIB-PSOE y anterior conseller de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, recuerda que el pacto que se alcanzó entre empresarios, sindicatos y el anterior Govern para consensuar la nueva ley turística supuso exigencias y renuncias por todas las partes, y advirtió que ese equilibrio se puede romper si una de ellas intenta tomar decisiones son contar con todas las demás, aunque éstas procedan de otras áreas como la conselleria de Territorio.

De este modo, respalda a los sindicatos al recordar que el acuerdo alcanzado entre todas las partes limitaba extraordinariamente el cambio de uso de instalaciones turísticas como viviendas, haciendo que esta posibilidad se pudiera aplicar solo en las zonas maduras, como Platja de Palma, pero además pasando cada caso por una comisión tripartita (formada por patronales, sindicatos y Govern) que debía adoptar la decisión por unanimidad, lo que supone la posibilidad de impedir un cambio de uso si una de las partes no estaba de acuerdo. Además, se fijaron instrumentos de control, que se pierden si esa posibilidad se extiende al conjunto del archipiélago, según Negueruela.

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