El Ministerio de Trabajo pone en jaque a las asociaciones de vecinos de Palma por los contratos laborales

Unas diez inspecciones del Ministerio de Trabajo han puesto en juego el futuro de las asociaciones de vecinos de Palma. Algunas han parado por completo su actividad en lo que no se resuelva el asunto, mientras que otras tantas barajan incluso el cierre definitivo en un clima tenso y confuso.

Al parecer, esta decena de supervisiones (algunas « intimidatorias y amenazantes», según han denunciado las propias asociaciones) se han venido haciendo desde diciembre de 2021 con el objetivo de vigilar las condiciones del personal. Fruto de estas inspecciones se ha lanzado un mensaje muy claro a las entidades ciudadanas: las personas que trabajen en las actividades e iniciativas han de tener un contrato laboral.

Autónomos, honorarios y voluntarios

El mensaje del Ministerio de Trabajo lleva implícito el impedimento de utilizar otras fórmulas que hasta ahora se han llevado a cabo tradicionalmente en las asociaciones de vecinos (normalmente con actividades que no suelen superar las cuatro horas semanales). Por ejemplo, autónomos que realizan su propio trabajo y colaboran aparte con la asociación de forma regular o puntual, o personal remunerado con recibo de honorarios —declarado en la Agencia Tributaria trimestralmente—, o incluso personas voluntarias que realizan talleres y formaciones, gran parte de ellos jubilados que encuentran una forma de ocupar su tiempo con estas actividades.

Sin embargo, las exigencias administrativas de la cartera del Gobierno central han dejado en jaque a las organizaciones vecinales, que hasta ahora habían complementado el voluntariado asociativo (el sostén principal de estas entidades) con la incorporación de personal remunerado a través de las citadas fórmulas.

De esta manera, se ha llegado a imposibilitar el trabajo de personas que llevan más de diez años dadas de alta como autónomos y que trabajan como tal incluso en instituciones públicas. Lo explica la presidenta de la Federación de Vecinos de Palma, Maribel Alcázar, que relata que estas inspecciones han generado un ambiente de «inseguridad y confusión» entre los miembros de estas organizaciones. «Asumir contratos temporales o indefinidos para las asociaciones vecinales es un salto cualitativo importante que no todas las entidades se han atrevido a asumir», lamenta la presidenta, que asegura que al problema se le añade la «falta de coordinación» por parte de las instituciones.

Además, la posibilidad de contratar está condicionada a la continuidad de los recursos que aportan las subvenciones públicas, especialmente en barrios más vulnerables, con menor poder adquisitivo y que precisamente son los que más lo necesitan, señala.

Sanciones de hasta 3.000 euros

No obstante, la Administración ha realizado en algunas de estas asociaciones altas de oficio con carácter retroactivo, sin posibilidad alguna de recurso, puesto que para presentar una apelación hay que abonar primero una sanción que puede llegar hasta los 3.000 euros por cada persona afectada; una cantidad «inasumible» para este tipo de entidades. Además, estar al corriente con los pagos a la Seguridad Social es imprescindible para que se efectúe el abono de la subvención, recuerda la presidenta.

La peor parte se la han llevado asociaciones como la del Secar de la Real o el Puig de Sant Pere, que han de afrontar ahora el pago de cantidades prohibitivas, mientras que otras, como la de Santa Pagesa, barajan detener las actividades hasta que se aclare el asunto.

En este contexto, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha reclamado «claridad y rigor» sobre la normativa laboral, así como formaciones dirigidas al sector para cumplir con la legislación que se establezca en cada momento.

«Entendemos que se establezca precisión en los procesos de remuneración del trabajo, pero el tránsito se tiene que hacer de manera organizada y formativa», alega Alcázar. La Federación se ha dirigido a la conselleria de Trabajo del Govern, al ayuntamiento de Palma y a la Delegación de Gobierno para solicitar que se actualicen los contratos de forma «pedagógica y organizada», aunque en cualquier caso se ha comprometido a contribuir para cumplir con la normativa.

Tejido asociativo «en peligro»

De todas maneras, estas asociaciones también han reclamado que se tenga en cuenta su carácter social, no lucrativo, sostenido por voluntariado y vinculado a la financiación de otras instituciones públicas. «Solo así podemos dar continuidad a estas actividades en nuestros barrios», recuerda Alcázar.

El tejido asociativo está «en peligro», advierten desde la Federación, por la inviabilidad de estos procedimientos administrativos. Este clima, avisa la presidenta, induce al abandono de las actividades y proyectos, puesto que ha impactado sobre personas que, a la postre, «no ganan nada asumiendo toda esta tensión y responsabilidad».

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