Las patronales nacionales de coches de alquiler con conductor amenazan a Prohens con "cuantiosas indemnizaciones"

Acusan al Govern de haberse doblegado ante los taxistas y el PSIB en la nueva ley de transportes

Advierten que se reclamarán también responsabilidades personales a los responsables políticos

Las empresas de VTC expresan su malestar por la nueva ley del transporte

Las empresas de VTC expresan su malestar por la nueva ley del transporte / MANU MIELNIEZUK

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Los responsables de las patronales nacionales de coches de alquiler con conductor, José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC, e Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval-VTC, han remitido una carta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, expresando su rechazo a la nueva ley de transportes aprobada por el Parlament balear y amenazando al Ejecutivo autonómico con tener que hacer frente a «cuantiosas indemnizaciones» a las empresas del sector que deberán ser abonadas con los impuestos de los ciudadanos de las islas, según se pone de relieve.

Según se afirma en este documento, «como representantes del sector, no nos quedará más remedio que exigir también responsabilidades a los responsables políticos que, ignorando deliberadamente la reiterada jurisprudencia que al respecto viene emanando de los más altos tribunales, incurrirían a nuestro juicio en responsabilidades personales por la ejecución de una normativa inconstitucional y contraria al Derecho Europeo».

Las amenazas del sector se han enviado a Marga Prohens

Las amenazas del sector se han enviado a Marga Prohens / B.RAMON

Doblegarse ante el taxi y el PSIB

En primer lugar, los dos portavoces empresariales expresan su «profunda decepción ante el procedimiento que se ha seguido para regular el sector en Baleares. Tras anunciar el Gobierno que retiraría las restricciones ilegales introducidas por el anterior Ejecutivo, finalmente ha preferido doblegarse a las exigencias del partido socialista y del sector del taxi, manteniendo un marco normativo contra el que ya se han pronunciado tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo».

En este sentido, se recuerda que la nueva legislación balear mantiene la exigencia de que el servicio de un vehículo de alquiler con conductor (VTC) se haga con 30 minutos de antelación, y se advierte que el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en contra de esta condición alegando que «es contraria al artículo 38 de la Constitución».

No aparcar en el aeropuerto

En esa ley se prohíbe igualmente que los VTC aparquen en lugares de concentración de demanda, como los aeropuertos, hoteles, centros comerciales o puertos, «pocas semanas después de que el Supremo anulara una restricción similar en la Comunidad Valenciana», según se apunta desde esas patronales.

Se añade que «para rematar el despropósito, el Parlament se extralimita en sus competencias, estableciendo trabas injustificadas y claramente ilegales a la llegada de VTC que cuentan con título habilitante nacional para operar en Baleares».

Contra los intereses de los baleares

Desde Unauto y Feneval se acusa al Govern, impulsor de esa normativa, de haber actuado a espaldas de los intereses de los ciudadanos. «Resulta evidente que la normativa que se ha aprobado es diametralmente opuesta al interés general y únicamente responde al interés de un gremio en particular. La ausencia de taxis durante todo el año, pero especialmente durante la temporada estival, demuestran la necesidad de ampliar la oferta, no lo contrario. La normativa que aprobó el Parlament no hará sino empeorar la falta de servicios de movilidad que, de forma crónica, padecen ciudadanos y turistas en Baleares».

Postura de los VTC baleares

Un punto a subrayar es que la postura crítica de las patronales estatales de VTC no es compartida por la asociación balear de este sector enmarcada en la federación de transportistas de las islas (FEBT), que sí ha respaldado la ley autonómica tras haber sido acordada tanto con este colectivo como con el sector del taxi.

La oposición a la nueva normativa de las organizaciones estatales procede principalmente de las plataformas de vehículos de alquiler con conductor, como en el caso de Uber, con las que los taxistas de las islas mantienen fuertes tensiones.