El Govern quiere impulsar que se hagan pisos de alquiler en suelo municipal

El Govern ha puesto en marcha un plan destinado a impulsar la construcción de viviendas de protección oficial de alquiler en terrenos municipales, de forma que empresas privadas hagan la edificación en ese suelo y puedan disfrutar de la concesión de las mismas durante un máximo de 75 años.

El plan ‘Contruir para Alquilar’ ha sido presentado hoy por la consellera y por el director general de Vivienda, Marta Vidal y José Francisco Reynés, y supone que cada Consistorio determinará si cede suelo municipal, sea para uso residencial o de equipamientos que no se han desarrollado, para que un promotor privado edifique en él viviendas de protección oficial para alquilar (build to rent). El empresario no cobrará nada a la Administración, pero a cambio podrá disfrutar de la concesión del inmueble durante un tiempo determinado (el máximo son 75 años), quedándose con las rentas que abonen los inquilinos. Una vez superado ese plazo, las viviendas pasarán a manos del Consistorio. Se ha señalado que este tipo de iniciativas ya se están aplicando en autonomías como Madrid o Andalucía.

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Colectivos beneficiados

El plan tiene como objetivo no solo facilitar el acceso a una residencia a las clases medias, sino también a colectivos vulnerables y a empleados públicos que se han tenido que desplazar para atener las necesidades de servicios sanitarios, docentes o relacionadas con la seguridad, entre otras.

Hay que recordar que los alquileres en viviendas de protección oficial están limitados dependiendo del municipio y de la tipología del inmueble, y el director general recordó que como máximo pueden situarse entre los 800 y los 900 euros mensuales.

Vidal y Reynés han indicado que para poner en marcha esta iniciativa la Dirección General de Territorio y el Instituto Cartográfico de Balears han analizado todos los terrenos municipales que están vacantes y han remitido esa información a cada ayuntamiento, que voluntariamente decidirá si desea incorporar al plan alguno de esos solares.

Terrenos detectados

Ese suelo vacante detectado tiene capacidad para albergar un millar de viviendas, pero la consellera ha advertido que es «una quimera» pensar que se puede alcanzar esa cifra, ya que parte de esos terrenos puede estar ya comprometido y no puede ser cedido, o simplemente algún Consistorio no está interesado en aumentar el cupo de vivienda protegida en su territorio.

Un aspecto a tener en cuenta es que los terrenos deberán ser objeto de un estudio económico financiero y saldrán a concurso para su adjudicación, por lo que no se espera que ninguno de estos inmuebles quede totalmente edificado al menos hasta 2026.

En el caso de los terrenos destinados a algún equipamiento que no se ha desarrollado, como un centro de salud, un club de la tercera edad o instalaciones educativas por poner algunos ejemplos, el Ayuntamiento podrá determinar si éste ya no es necesario y usar todo el solar para viviendas, o hacer que el promotor desarrolle estas instalaciones sin coste alguno a cambio de poder levantar también pisos protegidos para alquilar.

Sin coste público

Un punto sobre el que Marta Vidal ha hecho especial hincapié es en que este plan no supone coste alguno para las Administraciones implicadas, y con el tiempo pasarán a disponer libremente de esas viviendas.

La consellera ha recordado que en la nueva ley de vivienda que se está tramitando en el Parlament se da a los municipios un plazo de tres meses para pronunciarse sobre si se adhieren o no a las medidas previstas en esta nueva normativa (puede aceptar algunas y rechazar otras), por lo que una vez transcurrido ese tiempo tras la aprobación de la nueva legislación se podrá conocer el alcance de los suelos disponibles.

Una vez se disponga de ese catálogo de terrenos y se fije el número de viviendas que se podrá levantar en cada solar, se deberán firmar los convenios entre cada municipio y la Comunitat Autònoma, y finalmente convocarse el concurso para la cesión de los derechos de superficie a los promotores que se ocuparán de la edificación de las citadas residencias.

Los futuros inquilinos deberán figurar en el registro de demandantes, excepto en el caso de los colectivos preferentes, como el personal sanitario o docente.