El decreto del Govern para impulsar vivienda asequible en Baleares queda bloqueado por los Ayuntamientos

El decreto ley que el Govern aprobó el pasado mes de octubre como una de sus medicas ‘estrella’ y que tenía como objetivo sacar al mercado viviendas a precio más asequible está teniendo un efecto prácticamente nulo, según se reconoce desde la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba), debido a la pasividad de muchos Ayuntamientos a la hora de determinar si aplican las medidas contempladas en él, o incluso por el rechazo mostrado ante alguna de estas iniciativas, como la conversión de locales comerciales en residencias. El presidente de la citada patronal, Luis Martín, lamenta que las expectativas que se habían generado se están viendo totalmente defraudadas, y ahora el sector está a la espera de que el plan se tramite como ley en el Parlament.

El citado decreto ley impulsado por la consellera de Territorio, Marta Vidal, abría la posibilidad de transformar locales comerciales y de oficinas en residencias, elevar alturas en los edificios ya existentes o en proyecto, y dividir grandes inmuebles en otros más pequeños, pero siempre con la condición de que se pusieran en el mercado a precio limitado, ya sea para venta o para alquiler.

En concreto, ese valor máximo debía de ser un 10% superior al de las viviendas de protección oficial en el caso de las reformas de inmuebles ya existentes (como la reforma de locales), o hasta un 30% más si se trataba de pisos de nueva construcción (como en el caso de aumento de alturas). También se permitía el cambio de uso de terrenos para equipamientos, si éstos no se habían desarrollado, para pasar a residenciales.

Ante estas medidas, desde la asociación de promotores se hizo una primera estimación que apuntaba que unas 300 de estas nuevas residencias podrían quedar listas en un año, y entre 2.000 y 3.000 a lo largo de toda la legislatura.

Estimaciones rotas

Todos estos cálculos han saltado por los aires, y por ahora el impacto del decreto está siendo prácticamente nulo, según admite Luis Martín, y todo ello debido a la actitud adoptada por los ayuntamientos de las islas.

Según los datos facilitados por esta organización empresarial, hay Consistorios que, aunque sea solo con carácter temporal, han decidido no aplicar las disposiciones que permiten la transformación de locales comerciales, el citado cambio de uso o la división de viviendas en otras más pequeñas, como los de Manacor, Artà, Algaida, Porreres o Campos, por citar algunos ejemplos, al igual que, de forma parcial, el de Marratxí.

Mayoritariamente, los Ayuntamientos no se han pronunciado al respecto, y Luis Martín defiende que en el caso de que el promotor decida solicitar una licencia para desarrollar los proyectos contemplados en el decreto ley, al Consistorio no le quedaría más remedio que terminar concediéndola.

Pero en este segundo caso, la inseguridad que se genera por ese silencio de la Administración local, y la posibilidad de que finalmente termine rechazando las medidas contempladas en el decreto ley, provocan que el problema radique en la obtención de financiación ante las reticencias de los bancos a conceder hipotecas si no están plenamente convencidos de que las viviendas se van a poder poner en marcha sin el peligro de una posterior paralización. Eso hace que la empresa promotora opte por no arriesgarse a poner en marcha cualquier actuación para impulsar residencias a precio limitado.

El presidente de los promotores considera que la pasividad o las reticencias de los Consistorios a la hora de impulsar las medidas previstas por el Govern se explican por motivos políticos, por un «hiperproteccionismo legalista», o incluso por el temor de sus técnicos a tener problemas, recordando las situaciones que algunos vivieron durante los años de la burbuja inmobiliaria.

Palma como excepción

Luis Martín subraya que la excepción en relación a este bloqueo se encuentra en Palma, donde «sí se ha hecho un trabajo a conciencia y se han marcado criterios que, pudiendo estar en desacuerdo con algunos, resultan razonables».

Como ejemplo, destaca que en desde Cort se han determinado aquellas zonas en las que no se permite la transformación de locales comerciales en residencias (como Jaume III, por poner un ejemplo) y en las que sí se va a autorizar.

Sin embargo, el presidente de los promotores señala que la inmensa mayoría de las iniciativas que algunos empresarios del sector querían desarrollar se han quedado por ahora en los cajones.

La mayoría de ellos está ahora a la espera de que el citado decreto concluya su tramitación en el Parlament para obtener rango de ley, con el fin de rebajar riesgos a la hora de tramitar las licencias ante los Consistorios, y para que algunas dudas que se habían generado en relación al redactado inicial queden definitivamente despejadas.

Como ejemplo, se señala que el precio limitado que se ha fijado para Balears deja poco margen de beneficio para el promotor en Mallorca, pero puede ser asumible. Sin embargo, en Eivissa resulta muy difícil de aplicar.

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