Gratuidad etapa 0-3: ¿Qué diferencia hay entre una 'escoleta' y una guardería?

Tras el anuncio hecho por la presidenta Marga Prohens de hacer gratuita la etapa 0-3 "a todas las familias" a partir del próximo septiembre es necesario poner sobre la mesa una realidad sobre la atención que se da a los niños de estas edades en nuestro país: y es que no todos los centros son iguales ni se rigen por la misma normativa. No es lo mismo una 'escoleta' o centro educativo que una guardería o centro asistencial, y tras esta diferencia de nombre hay otras diferencias importantes, como puede ser el precio del servicio o la posibilidad de acceder a ayudas públicas o no.

En España está consolidada (y amparada por los tribunales) la existencia de una doble red de centros para atender a niños de entre 0 y 3 año: una educativa y una asistencial.

En la red educativa entrarían las 'escoletes' públicas (que gestionan los ayuntamientos) y los Centros de Educación Infantil o CEI, que pueden ser privados 100% o estar integrados en la Xarxa Complementaria (que se convierten así en una especie de centros concertados). Estos centros educativos cumplen los requisitos de ratios, espacios y formación del personal que marca la normativa de Educación y junto a la puerta tienen una placa que los acredita como CEI. Los niños que acuden a las 'escoletes' o CEI públicos y a las de la Xarxa Complementaria tienen derecho a recibir ayudas públicas, como por ejemplo becas de comedor de la conselleria de Educación o las ayudas a la escolarización del ayuntamiento de Palma. Ahora, serán estos niños, los que acuden a centros educativos, los que se beneficiarán de la gratuidad anuncia por Prohens para todas las etapas a partir de septiembre. En Baleares hay 111 'escoletes' públicas y 71 centros educativos privados integrados en la Xarxa Complementaria (el año pasado se sumaron veinte centros nuevos al anunciarse la gratuidad para los niños de 2 a 3 años).

En la red asistencial estarían lo que toda la vida se ha llamado guarderías. Estos centros hasta hace poco estaban en una especie de vacío administrativo, ya que al considerarse que no realizan una función educativa (se pone el acento en que su misión es básicamente ayudar a la conciliación de las familias) no se regían por ninguna normativa de la adminsitración educativa y de hecho casi de ninguna administración: hasta ahora bastaba pedir una licencia de actividad al ayuntamiento para poder atender a niños de estas edades preescolares.

La que fuera consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, intentó aprobar una normativa de mínimos para estos centros durante la primera legislatura del Pacte de Progrés, pero finalmente, por protestas del sector 0-3, que consideró que se legitimaba así la creación de ‘guarderías low cost’, se acabó delegando la misión en los consells. Pactar y sacar adelante esos mínimos ha sido un proceso muy lento .

El año pasado, en marzo de 2022, el Consell de Mallorca hizó pública la aprobación de un reglamento (con unas condiciones de espacios, calificación del personal, ratios...) para esos centros, pero la realidad es que hasta el pasado mayo (un año después) no entró en vigor. Se publicó en el BOIB el 20 de mayo y la normativa fija un plazo de tres meses para que los centros notifiquen su existencia al órgano insular (en concreto al IMAS) y después se abrirá un periodo de cinco años para lograr la autorización. En Mallorca se estima que hay 150 guarderías que dan servicio a 4.000 menores. De momento, solo 15 han remitido su información básica al Consell para formar parte del registro. En Menorca el proceso de sacar adelante el reglamento fue más rápido (aunque allí la presencia de guarderías es residual y casi el 100% de la oferta es educativa) y en Ibiza aún no tienen el reglamento aprobado.

Es por ello que, pese al anuncio de Prohens de que también se beneficiarían de la gratuidad el próximo septiembre, estos centros asistenciales o guarderías no entrarán en la bonificiación de plazas el próximo curso y sus familias tendrán que seguir pagando. Además, estas familias quedan excluidas de recibir ayudas públicas para sufragar el coste del servicio.