Mallorca tendrá, por primera vez, un Reglamento para los Centros de Atención Infantil de 0-3 que no figuran en el catálogo de la conselleria de Educación y que, por tanto, hasta ahora se encontraban en un «limbo jurídico». La norma regulará aspectos relacionados con los espacios, ratios, seguridad, horarios, formación y el número de profesionales que forman parte de los centros.

Estas guarderías, cerca de 150 centros con, aproximadamente, 4.000 menores que no contemplaba el Govern, tenían únicamente una licencia de actividad otorgada por los ayuntamientos, pero no funcionaban bajo un marco regulador.

Con la aprobación del nuevo reglamento, el IMAS, institución del Consell de Mallorca, será quien regule estos centros y disponga los requisitos básicos de funcionamiento.

El documento fija cuestiones como un mínimo de 1,8 metros de espacio por niño, y el máximo de horas que pueden pasar los menores en el centro; en total, ocho por cada jornada, o seis días a la semana.

También establece la obligación de que haya al menos un maestro de educación infantil en cada guardería, al que se le requerirá una homologación específica que el Consell está trabajando con el Govern para sacar adelante.

Además, los profesionales que trabajen en estas guarderías con niños de hasta tres años deberán tener la formación profesional de atención temprana en educación infantil.

«Es un hito pionero», aseguró la consellera de Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Sofía Alonso, ayer en rueda de prensa: «Solo Menorca tiene una regulación similar, y la aprobó de manera definitiva en febrero».

Según la responsable, la normativa se ha desarrollado a partir del diálogo con todos los agentes implicados. En concreto, el IMAS se ha reunido con las patronales, Escola Catòlica, Assemblea 0-3, FAPA Mallorca y Unicef, y en breve prevé una ronda de reuniones con los ayuntamientos de la isla.

Igualmente, Alonso recordó que la normativa es «un documento abierto y susceptible de mejoras». Una vez aprobado en el pleno del Consell, se abrirá un periodo de alegaciones, por lo que durante 30 días, cualquier entidad, asociación, consistorio o administración territorial podrá proponer mejoras.

Por su parte, el vicepresidente del IMAS, Jaume Tortella, detalló que se creará una base de datos que aglutine a los centros que cumplan con el reglamento. Dicho documento se podrá consultar en el Registro Unificado de los Servicios Sociales y «dará seguridad a los usuarios, a las familias, a los profesionales y a los propios centros».

La norma se presenta hoy al Consell Rector como primer paso antes de iniciar el proceso de aprobación, que se prevé que sea en abril para que entre en vigor en el próximo año 2023. En cualquier caso, Alonso especificó que desde el Consell todavía no se ha cuantificado el coste económico del nuevo reglamento porque todavía está en una fase inicial.

Desde la vigencia de la norma, las guarderías tendrán cinco años para adecuar su funcionamiento. De todas formas, el IMAS contemplará en sus presupuestos del próximo ejercicio una línea de ayudas dirigidas a los centros que necesiten adaptarse a la nueva normativa para continuar con su actividad.