Un informe cuestiona el precio de los pisos de Metrovacesa y otro reduce la pérdida para las arcas públicas
El primero, en el que basa sus números el nuevo Govern, estipula unas pérdidas para las cuentas de 5,8 millones si los pisos fueran vendidos como VPO
El segundo, en el que se apoyó el anterior Ejecutivo, sostiene que habría una pérdida limitada de 570.000 euros al poner en alquiler las viviendas y apunta a la conveniencia de adquirirlas por otros criterios
La promoción de Metrovacesa, en Palma. / G. Bosch
El informe económico del Ibavi que acompañaba la operación de compra de las 88 viviendas de Metrovacesa impulsada por Armengol e iba firmado por un técnico como aval sostiene que el efecto económico del derecho de tanteo y retracto planteado, si las viviendas se destinaban al alquiler, «no tiene un resultado favorable en términos puramente económicos, pero su incidencia en pérdidas (570.000 euros) parece bastante limitada en relación a la importancia de la operación, y se expone su cuantificación para la valoración de la conveniencia de la operación según otros criterios». Este es el dictamen de uno de los informes de viabilidad económica que encargó el anterior Ejecutivo para avalar la compra de los 88 pisos y destinarlos al alquiler. También encargó otro informe -en el que se basa el actual Govern para abortar la operación- para calcular cuál sería la viabilidad en caso de venderlos. En este caso, el impacto negativo para las cuentas sería de 5,8 millones al tener que vender los pisos como VPO.
El primer informe (el de alquiler) presenta una gran discrepancia con los más de 10,5 millones de euros de pérdidas que tendría la operación para las arcas públicas según el actual Ejecutivo, que no presentó documentación alguna durante la rueda de prensa en la que anunció una denuncia ante la fiscalía de la operación realizada por el Govern de Armengol.
El informe de viabilidad económica a partir del alquiler de los pisos sitúa el plazo de recuperación de la inversión (25,8 millones de euros) en 46 años. «Si se computan como inversión todos los gastos de la inversión menos los importes de venta (está contemplada la venta de una serie de aparcamientos y locales), la supuesta rentabilidad sobre la inversión es de casi un 2,3%. Sin embargo, aplicando sólo una pequeña tasa de descuento del 0,5% (se aplica para actualizar los importes de entradas y salidas futuras), la operación resulta tener un valor actual negativo de 573.735 euros».
Según el informe, la renta anual de las viviendas iba a proporcionar unos ingresos anuales de 696.861 euros a las cuentas públicas.
Informe favorable de Hacienda
Tal y como ha podido saber este periódico, el Govern también contaba con un informe favorable de Hacienda para modificar el presupuesto de Ports IB con el fin de traspasar 16,7 millones de euros al Ibavi para realizar la compra de los pisos.
«El PP en la época de Bauzá aportó -1 pisos al parque de vivienda pública y ahora Prohens empieza su mandato con -88», critica la diputada socialista y exconsellera de Presidencia Mercedes Garrido, respondiendo así a la revocación por parte del PP de la compra de 88 pisos de Metrovacesa en Palma para alquiler social. «El PP está favoreciendo a los grandes tenedores en contra de las familias de Balears», asegura.
«Niego contundentemente que haya errores en los avales técnicos de la operación. Es mentira que faltaran informes en el expediente, al menos cuando estábamos nosotros», asegura. «Se tramitó con Hacienda con todos los informes favorables y recuerdo perfectamente el informe económico, que avaló perfectamente la operación», abunda.
«Además, estaría bien que el vicepresidente Antoni Costa revisara bien los números, porque el IVA que se paga cuando se trata de comprar vivienda de nueva construcción es del 10% y no del 21% como ha asegurado. Y el 4% es lo que se paga cuando es VPO, que no era el caso», sostiene.
Denuncia ante la Fiscalía
En cuanto a que el PP presente el expediente de la compra ante la Fiscalía, Garrido aseguró que hay total tranquilidad en el partido. «No van a encontrar ningún problema. El PP ha hecho una rueda de prensa que es una operación de trilerismo. Ha hablado de la Fiscalía porque no quiere que se hable de que detrás hay un fondo. Además sólo les interesa atacar la vivienda pública», dice. «La única cosa que ha pasado aquí es que hay unas empresas poderosas que no quieren que la Administración adquiera la promoción para hacer vivienda pública y que sea al mismo precio. Y hay un Gobierno de la derecha que acaba de anunciar que no tendrá más de cien millones de euros cada año del impuesto de sucesiones. No sabíamos de dónde los sacarían para cuadrar la caja. Pues ahora ya sabemos de dónde», denuncia.
Controlar los precios en la zona
Por otra parte, esta compra suponía para el anterior Ejecutivo tratar de controlar el precio de mercado del alquiler en un barrio que en estos momentos presenta precios elevadísimos y donde hay muchos intereses inmobiliarios. «Estos pisos iban a ir para gente que pagaría un máximo del 30% de sus ingresos y ahora irán a precio libre».
Garrido quiere recordar también que la compra se aprobó cuando el Gobierno estaba en plenas funciones, «fue antes de que entráramos en funciones». Y también aseguró que Metrovacesa hacía tres años que había firmado la compra con un fondo y hacía dos años que existía la ley balear de vivienda, «estaban obligados a haberlo comunicado entonces pero tardaron mucho tiempo». En concreto, la notificación se hizo el pasado 30 de marzo . «Nos pusimos con el expediente muy deprisa y aprobamos la compra el 25 de mayo», concluye.
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