Sóller

El Consell de Mallorca se enfrenta a otra indemnización histórica por el rescate del túnel de Sóller

La institución insular recibe oficialmente la notificación de la sentencia del Supremo que declaraba ilegal esta operación y ahora tiene un plazo de dos meses para fijar una propuesta económica compensatoria, que se suma a los 16,4 millones ya abonados en su momento

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Redacción

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El Consell de Mallorca ha sido notificado oficialmente de la sentencia del Tribunal Supremo que, el pasado septiembre, dictaminó que el rescate público del túnel de Sóller – por el cual se rescindió el contrato a la concesionaria y se eliminó el peaje – no se ajustaba a derecho.

A través de una diligencia remitida por el juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo, se ha comunicado a la institución insular que a partir de ahora tiene un plazo de dos meses para trasladar su propuesta de indemnización, que, en todo caso, acabará decidiendo el juez. La empresa concesionaria, a su vez, podrá presentar sus alegaciones a esa propuesta del Consell.

Perjuicio para las arcas

En todo caso, desde la institución insular ya asumen que la cantidad será millonaria y podría causar un grave perjuicio a las arcas públicas. Así se expresó el conseller Fernando Rubio, quien, eso sí, subrayó que lucharán “para que esta resolución tenga el menor impacto” en las cuentas del Consell de Mallorca. Una tarea, según agregó, a la que ya se están dedicando de lleno los servicios jurídicos y económicos de la institución insular.

Rubio recordó que el Consell ya abonó, con el gobierno de izquierdas, un total de 16,4 millones a la compañía explotadora del túnel por el rescate de la concesión. Una cantidad que no satisfizo a la empresa, que siguió pleiteando, hasta que el Supremo le dio la razón. La concesionaria pedía más de 30 millones de euros, y ésta podría ser, más o menos, la cantidad que tuviese que acabar pagando el Consell.

“Se trata de la foto más cara de la historia de Mallorca”, se quejó Rubio, en alusión a la decisión del anterior gobierno de izquierdas de rescatar la concesión cuando ésta hubiese expirado, “sin costar un euro para los ciudadanos”, en el año 2023.