Las pequeñas empresas piden una ley balear sobre contratación pública

Pimem de Mallorca reclama al Govern que redacte una ley balear específica sobre contratación pública, que facilite el acceso a los pequeños y medianos empresarios a estos contratos de servicio que oferta la administración. Esta propuesta la ha presentado esta mañana Jordi Mora, presidente de Pimem, que junto al experto economista Jaume Pallerols ha explicado las dificultades que tienen estas pequeñas empresas para acceder a estos concursos públicos, que en su gran mayoría se adjudican las grandes empresas.

Mora ha explicado que las empresas pequeñas representan más del 98 por ciento del tejido empresarial. Sin embargo, este porcentaje no se refleja después en las adjudicaciones, ya que el nivel de contratos públicos que se consiguen apenas alcanza el 25 por ciento.

Como propuestas para eliminar esta desproporción, desde Pimem, además de exigir una ley específica balear sobre contratación pública, como tienen otras comunidades autónomas, considera que debería aplicar una reserva del 25% de dichos contratos a las pequeñas y medianas empresas.

También se quejan los representantes de estas empresas la falta de información que debería facilitar la administración, lo que impide la posibilidad de presentar ofertas para optar a la adjudicación de estos proyectos.

Desproporción

Jaume Pallerols, que es experto en contratación pública, explicó que las Pimes vienen denunciando la desproporción de este porcentaje de adjudicaciones, con respecto a las grandes empresas, desde el año 2008 y todavía no se ha resuelto. Explicó que en el año 2014 Europa aprobó una nueva directiva, en la que se abogaba por potenciar la adjudicación a estas pequeñas empresas de servicios públicos. España tardó seis años en adaptar su normativa a esta directiva, pero aún así, según explicó el experto, no se ha mejorado los porcentajes de contratación, que siguen siendo muy parecidos.

El economista también abogó por aprobar una ley específica autonómica, ya que considera que se debería obligar por ley a que todas las administraciones, incluidas las empresas públicas, deberían dedicar un porcentaje de sus adjudicaciones a estas empresas pequeñas y medianas, ya que su peso dentro de la economía así lo justificaría. El experto también denunció las dificultades administrativas y burocráticas que tienen que superar estas pequeñas empresas para acceder a estas adjudicaciones públicas, lo que explica que muchas de ellas se cansen y renuncien a presentarse a estos concursos. Esta actitud, lógicamente, beneficia a las grandes empresas que optan con mayores posibilidades a estos concursos.

Pallerols también considera que para un reparto más equitativo de estas adjudicaciones la administración debería realizar la propuesta por lotes, es decir, repartiendo los servicios. Y, además, se debería prohibir que una determinada empresa se adjudique todos estos lotes, sino que se debería repartir por ley entre varios adjudicatarios.

El experto en contratación aconsejó a las empresas pequeñas que presenten ofertas con precios reducidos para adjudicarse un concurso público. Y también aconsejó a que estos empresarios repartan su actividad entre el sector público y la actividad privada.

Recordó también el economista que el llamado contrato menor, cuyo coste está limitado y se puede otorgar directamente sin la necesidad de un concurso público, está prohibido en Europa, que aboga por el principio de concurrencia y libre competencia. Sin embargo, señaló que en España este tipo de contratos a dedo es una fórmula que utilizan casi todas las administraciones, lo que en ocasiones fomenta la corrupción.