El Juzgado de Palma se inhibe en favor de la Fiscalía Europea en la denuncia del PSIB contra Ureña

El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha decidido inhibirse en favor de la Fiscalía Europea para que sea ésta quien investigue la denuncia del PSIB contra el director general del IbSalut, Javier Ureña, al que los socialistas acusan de haber dejado caducar la reclamación a la empresa del caso Koldo. En un auto, el juez Antonio Garcias considera que la competencia para tramitar este asunto debe recaer en la Fiscalía Europea, que ya tiene iniciado un expediente de investigación en relación a un hecho conexo, la adquisición de las mascarillas.

El Juzgado palmesano incoó diligencias tras recibir la denuncia del PSIB pero no llegó a ordenar ninguna medida de investigación, e informó a la Fiscalía Europea, que solicitó quedarse la causa.

La denuncia del PSIB acusa a Ureña de haber dejado caducar deliberadamente la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas entregadas. Los socialistas atribuyen al director general haber permitido la caducidad del expediente "en claro beneficio de la empresa y sus partícipes", considerando la segunda reclamación como una "cortina de humo" una vez que trascendió la investigación.

La denuncia se dirige también contra la empresa investigada en el caso Koldo --Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL-- y a su administrador, Íñigo Rotaeche, uno de los imputados en la causa de la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que la resolución notificando la primera reclamación a la empresa recogía un plazo de tres meses y a eso se aferraban los investigados en sus conversaciones cuando hablan de que la Comunidad no va a seguir con la reclamación.

El actual equipo del IbSalut, por su parte, asegura que según la normativa el plazo sería de ocho meses y que por tanto seguiría en plazo cuando se conoció el caso, achacando a un "error" material la referencia a los tres meses. En cualquier caso, la administración no llegó a contestar a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso trascendió en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut desistió de aquella reclamación por considerarla inviable debido a un documento del anterior equipo donde se avalaba la calidad del cargamento. Al mismo tiempo inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y reclamar el total del importe, 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado alegaciones, según han confirmado fuentes del Ibsalut.

En una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlament, Ureña defendió el pasado 8 de mayo que es "inverosímil" que el Govern del PP acordara con la trama Koldo dejar caducar el expediente cediendo a presiones del exasesor de Ábalos, exministro con el PSOE. Ureña tiene que volver a comparecer en el Parlament por este asunto esta vez dentro de la comisión no permanente de investigación.

Mientras, la Audiencia Nacional ha admitido la petición del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras aportar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.