Los promotores denuncian que solo cuatro ayuntamientos de Mallorca aplican las medidas para impulsar la vivienda asequible
Palma, Calvià, Andratx e Inca son los únicos municipios que se han sumado al decreto del Govern
Llucmajor, Manacor, Alcúdia y Soller se encuentran entre los que se niegan a aplicar las medidas previstas o las limitan "extraordinariamente"
Solo cuatro municipios de Mallorca (Palma, Calvià, Andratx e Inca) han acordado aplicar el decreto aprobado por el Govern para impulsar las viviendas a precio limitado, según han denunciado hoy el presidente y el vicepresidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Baleares, Luis Martín y Oscar Carreras respectivamente. En su opinión, están siendo el resto de Consistorios, ya sea por su negativa a secundar esas medidas o por no definirse, los que están frenando que los jóvenes y los trabajadores del archipiélago puedan acceder a una residencia por un coste asumible.
El decreto en cuestión, que actualmente se está tramitando en como ley en el Parlament, contempla la posibilidad de transformar locales comerciales en viviendas, dividir grandes residencias en otras más pequeñas, ganar alturas en las edificaciones o usar suelos para equipamientos que no se han desarrollado, entre otras actuaciones.
Crítica a la pasividad municipal
Los dos representantes de los promotores han puesto en valor que con estas medidas se busca impulsar la edificación de viviendas a precio asequible, pero han criticado duramente que la pasividad municipal está impidiendo avanzar en ese objetivo.
La lista de los Ayuntamientos de Mallorca que han acordado no aplicar el decreto o limitarlo «extraordinariamente» es muy amplia y abarca a equipos de gobierno de todo color político. Incluye a Llucmajor, Manacor, Sóller, Marratxí, Campos, Felanitx o Alcúdia, por citar algunos ejemplos expuestos por la asociación.
Además, hay otros muchos que no se han pronunciado y, al estar el decreto aprobado, teóricamente se podría obtener la licencia para el desarrollo de las citadas viviendas a precio limitado, pero desde esta patronal se señala que no es forma de impulsar esos pisos debido a la inseguridad jurídica que ese silencio provoca.
Exigencia a los alcaldes
Por ello, Martín y Carreras han reclamado a los alcaldes que no han apoyado la medida del Govern que den explicaciones a sus vecinos sobre la forma en que pretenden que los jóvenes del municipio acceda a una residencia asequible.
«Si teniendo una herramienta con la que, sin consumir territorio, se pueden impulsar viviendas a precio limitado, y se rechaza, habrá que girar la tortilla y empezar a acusar a los Consistorios y a sus funcionarios por haber optado por lo más sencillo, que es no hacer nada», ha lamentado Carreras, que ha cuestionado esa falta de voluntad para actuar.
La esperanza de los promotores es que una vez se apruebe como ley este paquete de iniciativas, se pueda registrar un impulso en su aplicación. Por ello, se mantiene la previsión de que estas iniciativas pueden favorecer la edificación de unas 3.000 viviendas a precio limitado durante la presente legislatura.
Luis Martín ha puesto en valor el que se vayan a crear en las islas las entidades de colaboración urbanística, cuya función es avanzar la tramitación de proyectos para que los Ayuntamientos solo tengan que dar el último paso en su aprobación.
Por otro lado, se ha insistido en la necesidad de tomar medidas para impulsar el desarrollo de los suelos urbanizables existentes, muy concentrados en Palma, ya que con ellos se podrían edificar unas 13.000 viviendas, la mayoría con algún tipo de protección para limitar su precio.
En cualquier caso, han subrayado que Baleares va a sufrir siempre un problema de escasez de viviendas a no ser que los grandes partidos políticos pacten una política conjunta que evite cambios cada cuatro años.
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