Galmés depende del arrepentimiento de Vox con el golpe de Estado para evitar la multa

Solo el arrepentimiento de Vox puede salvar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, tras recibir una denuncia por parte del PSOE por no reprender al conseller electo de la ultraderecha, David Gil, que calificó el golpe de Estado de 1936 de «última cruzada de liberación» en el último pleno de la institución. En caso de que Gil no se retracte y retire sus palabras, la responsabilidad de lo ocurrido recaerá directamente sobre el presidente.

Galmés desautoriza al conseller de Vox que calificó el golpe de Estado de "última cruzada de liberación" tras la denuncia del PSOE

Después de varios días, el Consell emitió un comunicado en el que, para cumplir con la ley de Memoria Democrática, el presidente de la institución insular se comprometía a instar al conseller de Vox a que retire sus palabras para que no consten en el acta de la sesión plenaria del pasado 8 de febrero. El dirigente del PP pidió disculpas «a quien se haya podido sentir ofendido» por las declaraciones hechas por Gil, aunque no le censuró en el pleno.

La actitud de Galmés ha cambiado en apenas unas semanas. En un pleno anterior del Consell, uno de los consellers electos de Més hizo una comparación entre Vox y ETA que no gustó a los partidos que gobiernan. En aquel momento, a diferencia de lo ocurrido en el pleno en que se habló de «cruzada de liberación», el presidente del Consell sí recriminó a los ecosoberanistas sus declaraciones: «Como no se pueden retirar, que quede constancia en la videoacta que este equipo de gobierno no comparte estas palabras del conseller de Més». Esto supone un problema añadido para Galmés de cara a su defensa contra la denuncia del PSOE porque existen antecedentes en que el presidente sí rechazó las palabras de un conseller electo, a diferencia de lo ocurrido con el representante de Vox.

El secretario de la institución explicaba en aquel pleno en que se citó a ETA que «nosotros funcionamos con una videoacta y todas las intervenciones se podrían rectificar. Lo que pasa es que él ya lo ha dicho y esto no es exactamente un diario de sesiones como tiene el Congreso o el Parlament, donde incluso cuando el presidente dice que retira las palabras, quedan incorporadas de forma literal».

Galmés se enfrenta a una infracción muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, por la «falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización [...] de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».