Galmés desautoriza al conseller de Vox que calificó el golpe de Estado de "última cruzada de liberación" tras la denuncia del PSOE

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, rectifica y desautoriza al conseller electo de Vox, David Gil, por sus afirmaciones realizadas en el último pleno de la institución insular, cuando calificó el golpe de Estado de 1936 como "última cruzada de liberación". Galmés califica de "desafortunadas" las palabras del conseller y asegura que el equipo de gobierno "no las comparte en absoluto".

El PSOE denuncia a Galmés por "no hacer nada" cuando el conseller de Vox calificó el golpe de estado de "última cruzada de liberación"

Esto se produce apenas un día después de que el PSOE presentara una denuncia formal ante el Servei de Memòria Democràtica del Govern en la que piden que se abran las diligencias oportunas contra Galmés como máximo responsable del funcionamiento del pleno al considerar que "no hizo nada para recriminar y tomar medidas ante las manifestaciones del señor Gil, incumpliendo claramente lo que establece el artículo 62.1.d de la ley de Memoria Democrática".

Según ha comunicado el Consell en una nota, para cumplir con la ley de Memoria Democrática, el presidente de la institución insular instará en el pleno del próximo 14 de marzo al conseller de Vox a que retire sus palabras para que no consten en el acta de la sesión plenaria del pasado 8 de febrero. El dirigente del PP pide disculpas "a quien se haya podido sentir ofendido" por las declaraciones hechas por Gil.

En la denuncia presentada por el PSOE, los socialistas explican que según establece la normativa aprobada por el Gobierno central se considera como una infracción muy grave la "falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos". Galmés se enfrenta a una multa que oscila entre los 10.001 y los 150.000 euros.