El Govern bajará el impuesto sobre el patrimonio a los más ricos y ofrecerá deducciones a los propietarios de viviendas

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para aprobar los Presupuestos de 2024 traerá una importante bajada de impuestos que se añadirá a la ya anunciada por el Govern hace pocos meses. La medida económica más importante será la exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio a quienes tengan menos de tres millones de euros. Hasta ahora el límite se situaba en 700.000 euros sin contar el valor de la vivienda principal. Este anuncio se produce después de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Esto supone que, a diferencia de lo que se venía haciendo, ahora el Govern empezará a cobrar el impuesto sobre el patrimonio a las fortunas de más de tres millones de euros como ya ocurre en regiones como la Comunidad de Madrid. Según los últimos cálculos del Govern, las islas dejarán de recaudar anualmente alrededor de 60 millones de euros.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los declarantes del impuesto de patrimonio, aquellos cuya fortuna supera los 700.000 euros, aumentaron en Baleares en 2021 un 4,94%, con 8.903 más, aunque su patrimonio se mantuvo al declarar un total de 3.990.544 millones de euros, solo un 0,81% más que un año antes, según la estadística publicada ayer por la Agencia Tributaria. En cuanto al número de declarantes y el patrimonio medio declarado en cada comunidad autónoma en 2021, Baleares estaría la cuarta en aumento de personas más ricas, por detrás de la Comunidad Valenciana (+15,58%), Asturias (+7,49) y Aragón (+6,58).

Asimismo, el acuerdo también incluye una deducción del 30 por ciento de las rentas obtenidas por alquiler de viviendas de larga duración, varias partidas para impulsar la emprendedoría de jóvenes menores de 35 años, ayudas a los autónomos para "impulsar" su actividad o subvenciones para empresas situadas en los centros de las ciudades para que los clientes accedan gratuitamente a una plaza de parking.

Asimismo, se creará una Oficina de Defensa de las Víctimas de la Okupación ilegal con un presupuesto de un millón de euros que ofrecerá un plan de ayudas asistenciales y económicas, y tres millones para el plan alquiler seguro para garantizar a todos los propietarios tanto el cobro de las mensualidades en caso de impago como la reparación de los desperfectos que se hayan ocasionado.