El Govern pagará parte de la renta a los propietarios de pisos vacíos para incentivar el alquiler

El Govern comunicó el pasado día 25 su intención de poner en marcha un «programa pionero para estimular la salida al mercado de viviendas que actualmente se encuentran vacías». El plan contempla que será el propio Ejecutivo autonómico el que pagará con dinero público la diferencia entre el precio del alquiler que reclama el propietario del inmueble y lo que finalmente pagará el inquilino, teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa dirigida a las «clases medias».

Esta medida fue comunicada durante la reunión de la Mesa de Vivienda celebrada el pasado día 25, y el anuncio por parte de la consellera de Territorio, Marta Vidal, de que se hará uso de fondos de su departamento para poner en el mercado esos pisos vacíos ha sido confirmados por los representantes de los promotores inmobiliarios, de los constructores, de los agentes de la propiedad inmobiliaria, de los sindicatos y de los consumidores, que asistieron a este encuentro junto a otros colectivos.

La pretensión del Govern va más allá, y además de convertirse en cofinanciador de esos alquileres, también asumirá la garantía de que la vivienda se devolverá a su propietario en «condiciones óptimas de mantenimiento», cuando el inquilino la abandone.

La pretensión es que la Administración autonómica actúe como mediador entre el que busca una vivienda en alquiler y su propietario, otorgando a este último las máximas garantías de que su inmueble no se va a deteriorar.

Riesgo de especulación

Sin embargo, la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Natalia Bueno; el presidente de la asociación balear de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez; y la secretaria de Políticas Públicas en CCOO de las islas, Eva Cerdeiriña, advierten del peligro de especulación que una medida como esa puede generar, con dueños de pisos que pueden aprovechar para ‘hinchar’ el alquiler gracias a que el Govern pretende financiar una parte del mismo.

Alfonso Rodríguez afirma que este problema lo planteó a la consellera durante la reunión celebrada el pasado día 25, y que preguntó si había intención de poner algún límite en la cantidad que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a pagar a la hora de asumir la diferencia entre lo que el propietario cobra y el inquilino paga, y que la respuesta que recibió es que no está previsto acotar esa cantidad.

Natalia Bueno hace esa misma advertencia respecto al riesgo de que se abra la puerta a la especulación y que se impulse una subida de los alquileres. La presidenta de los agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas se pregunta también qué criterio utilizará el Govern para calcular los alquileres de mercado, al recordar que si se utiliza como referencia los que aparecen en los portales de internet, éstos están en buena parte de los casos sobredimensionados para así abrir un proceso de negociación a la baja con los interesados en acceder a los inmuebles. Por ello, expresa su esperanza de que la Conselleria se asesore en esta materia con los colegios profesionales de las islas, y más concretamente con el que ella representa.

Los «inquilinokupas»

Bueno añade el problema de que se potencie además a los «inquilinokupas», es decir, personas que acceden a la vivienda y al cabo de un tiempo dejan de pagar, al asumir que será el Govern el que inicialmente se verá obligado a cubrir este coste.

Eva Cerdeiriña se suma a las voces que advierten del riesgo de especulación, y denuncia que al no fijar límites en lo que el Govern puede llegar a pagar en este programa piloto, la iniciativa puede derivar en un «despilfarro de dinero público» y en un retroceso en el problema de la vivienda.

Consultada la conselleria de Territorio sobre estos puntos, evita dar más detalles, salvo confirmar que la idea con la que se trabaja es que el Govern pueda dar ayudas económicas en esta materia.

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