El Govern aprobará el próximo viernes el decreto para abaratar la vivienda en Baleares

El Govern balear ha confirmado que el próximo viernes aprobará el decreto sobre emergencia habitacional que tiene como objetivo sacar al mercado vivienda a precios más asequibles, cumpliendo así con el compromiso adquirido por la presidenta Marga Prohens de que este paso se debía de dar antes de que concluyera el presente mes. Sin embargo, desde el sector de la promoción inmobiliaria se reconoce la preocupación existente en torno al documento definitivo que saldrá adelante, del que desconoce todavía la «letra pequeña». Esta inquietud gira principalmente en torno a tres puntos, como son las posibilidades de acceso a suelo cuyo precio sea asumible, la agilidad que se otorguen las licencias de los proyectos, y sobre todo el precio máximo al que se podrán comercializar estos inmuebles.

Como se recordará, el Ejecutivo autonómico anunció a principios del presente mes la aprobación de un decreto en el que se contemplará la construcción de residencias más pequeñas y la división de las ya existentes (el resultado final no puede bajar de una media de 60 metros cuadrados por cada una), aumentar las alturas de los edificios habitados y en proyecto, y la transformación de locales comerciales e instalaciones turísticas en viviendas, entre otras iniciativas, siempre que su precio sea limitado.

Respecto a este último punto, desde el Govern se aseguró posteriormente que el precio medio por metro cuadrado de estas nuevas residencias será en torno a un 39% más barato que las que hay actualmente en el mercado, de forma que un piso de 60 metros cuadrados podrá moverse en torno a unos 161.000 euros. Desde el sector promotor se señala que la estimación que les facilitó el Ejecutivo autonómico es que esas viviendas deben de costar, como máximo, en torno a un 10% más que las de protección oficial.

La cuestión del precio

Pero este es uno de los puntos que más preocupa a las empresas respecto al redactado definitivo, es decir, lo que denominan la «letra pequeña». Porque un aspecto que se destaca desde este sector es que los costes de la construcción (encarecimiento de materiales y salarios) no han dejado de crecer durante los últimos meses.

El temor radica en que suceda algo similar a lo que pasó cuando el anterior Gabinete de Francina Armengol autorizó un aumento del precio de la vivienda de protección oficial para que su edificación también pudiera ser impulsada desde el sector privado. Aunque en un primer momento se pusieron en marcha unas pocas iniciativas de este tipo de inmuebles, «a los seis meses, el encarecimiento de los costes de construcción había hecho que el precio final autorizado no fuera rentable para las empresas», según afirma un representante de este colectivo.

Para determinar la rentabilidad de estas promociones, otro aspecto fundamental es el acceso que se pueda tener a terrenos que supongan un coste asequible, y este es otro de los puntos sobre los que el sector está pendiente.

La clave de la tramitación

El tercer factor al que se da una especial relevancia es a la agilidad que se quiera dar a la tramitación para la puesta en marcha de estos proyectos. Como ejemplo, se señala que durante la reunión que el Ejecutivo de Marga Prohens mantuvo con el sector de la vivienda se apuntó que la transformación de locales comerciales en viviendas contemplaría la posibilidad de iniciar las obras con solo una declaración responsable, lo que permitiría actuar con mucha mayor celeridad.

La necesidad de que la tramitación de licencias no frene la puesta en marcha se considera clave. Hay que recordar que el sector de la promoción estima que las medidas anunciadas por el Govern podrían facilitar la construcción de entre 2.000 y 3.000 viviendas durante la presente legislatura. Pero un aspecto clave es si algunas de ellas van a poder estar terminadas antes de las próximas elecciones autonómicas o solamente iniciadas, y en este apartado se insiste en que los plazos de espera de licencias son fundamentales.

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