Vox presenta una ley para obligar a Govern, ayuntamientos y UIB a usar el castellano
Impulsa una Oficina que tramitará las denuncias sobre incumplimiento lingüístico y podrá imponer sanciones de hasta 100.000 euros
Fomentará el uso "del mallorquín, el menorquín y el ibicenco" frente al catalán
La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas / EFE
Vox quiere anular la ley de Normalización Lingüística de Baleares, vigente desde 1986, por la puerta de atrás. Bajo el pretexto de crear la anunciada Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, acordada en el pacto PP-Vox que ha dado el gobierno de las islas a la popular Marga Prohens, la ultraderecha ha presentado una ley en el Parlament para obligar de facto a todas las administraciones baleares a escribir en castellano su documentación, y no solo en catalán.
La creación de la prometida Oficina se quiere ejecutar mediante una ley que permita al nuevo organismo imponer multas de hasta 100.000 euros por incumplmiento del uso del español. El PP balear deberá apoyar la nueva normativa para que sea aprobada.
La proposición de ley fue registrada ayer por Vox en la Cámara autonómica, y en ella se recalca que además del español, se pretende "fomentar la protección y el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares, atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el formenterense".
"El abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán"
El texto redactado por Vox señala que "el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por ende, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para emplear el castellano".
Por todo ello, la nueva normativa pretende garantizar, según especifica en su artículo segundo, el uso del castellano en todo el Govern, los Consells, los Ayuntamientos, el Parlament, la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el resto de organismos y administraciones públicas, incluida la de Justicia.
Asimismo, en su artículo 3 se estipula que "las administraciones tienen el deber de emplear las dos lenguas oficiales en todas sus comunicaciones, publicaciones y señalética", mientras que "los ciudadanos tienen el derecho de elegir libremente en cuál de las dos lenguas oficiales se dirigen a las administraciones públicas, y obtener respuesta en la lengua empleada".
Idoia Ribas (Vox) en su comparecencia de ayer en la cámara autonómica. / B.RAMON
Oficina de Garantía de la Libertad Linguística
Para velar por el cumplimiento del bilingüismo efectivo en Balears, se abrirá una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística cuyas funciones, entre otras, serán: "Recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística, y las sugerencias relacionadas con la tutela de este derecho".
También, "fomentar la protección del derecho a la libertad lingüística, y con ello promover el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares, atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense".
La nueva ley habla de "las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense".
Multas de hasta100.000 euros y actuaciones de oficio
"Cuando la Oficina tenga conocimiento de un hecho que pueda vulnerar el derecho a la libertad lingüística y la normativa que lo ampara, puede actuar de oficio y ponerse en contacto con el órgano o ente de la Administración o con la persona física o jurídica implicados". Del mismo modo, los ciudadanos podrán "denunciar que el derecho a la libertad lingüística ha sido vulnerado, con la intención de que se adopten las medidas oportunas".
Cualquier departamento del Govern, la UIB, los ayuntamientos y el resto de administraciones incluidas en el "ámbito de aplicación" de la nueva ley estarán "obligadas a prestar la colaboración necesaria a la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística con el objeto de que pueda cumplir adecuadamente sus funciones".
La nueva Oficina tendrá capacidad sancionadora, tipificando las infracciones de leves a muy graves, con imposición de multas de uno hasta 100.000 euros.
La ley que promueve Vox solo podrá salir adelante si cuenta con los votos del PP, y también incluye la supresión de la todavía actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, creada por el anterior Govern de izquierdas y que según la derecha solo ha servido para "defender exclusivamente los derechos de los catalanes parlantes (sic) a expresarse en catalán".
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