Con Pedro Sánchez de campaña, le va mejor a Balears. Desde que el líder socialista llegó a la Moncloa, el Govern sale ganando con cada convocatoria de elecciones, o, más bien, con cada campaña. En las dos últimas semanas, a menos de un mes para la cita con las urnas, Sánchez ha desbloqueado algunas de las principales reivindicaciones del Pacto: el pago de los cien millones de la mejora de la financiación pendientes desde que se tumbaron las cuentas en enero y la vía libre a dos de las leyes estrella en materia medioambiental, la ley de Residuos y la ley de Cambio Climático.
Y no es la primera vez: Sánchez también sacó adelante el Régimen Especial de Balears (REB) una vez convocadas las pasadas elecciones del 28 de abril tras no poder sacar adelante sus presupuestos de 2019 por el rechazo de PP, Ciudadanos y los partidos independentistas.
En apenas un año y medio de Gobierno de Pedro Sánchez, la mitad de este tiempo en funciones, los desencuentros entre Govern y Madrid han sido continuos: tiras y aflojas por el REB, amenazas al descuento de residente del 75 por ciento; el recorte de 20 millones en los presupuestos a la inversión en las islas, una ampliación de Cabrera que se resolverá en los tribunalesampliación de Cabrera que se resolverá en los tribunales, la autorización de la subasta de Son Busquets; avisos de inconstitucionalidad a media docena de leyes y el impago de casi 360 millones de euros previstos para este 2019 en los presupuestos del Govern.
Sin embargo, la cosa cambia cada vez que hay campaña. Fue el caso de lo que ya ocurrió el pasado mes de febrero cuando ya sin tiempo, con la convocatoria de las elecciones de abril y al borde de disolverse el Congreso, Pedro Sánchez y la presidenta del Govern, Francina Armengol, desenterraron un REB que había sido imposible de aprobar durante el medio año anterior. Sólo llegó la mitad y prácticamente irreconocible, pero Sánchez y Armengol pudieron sacar pecho de su aprobación tanto durante la campaña para las generales como para las autonómicas.
La historia se repite
La historia se ha vuelto a repetir ahora con los fondos de la financiación y con los avisos de inconstitucionalidad a leyes del Govern.
Con la prórroga de los presupuestos por la falta de apoyos a las cuentas de Pedro Sánchez, Madrid rebajó los 2.664 millones de euros que debían llegar a Balears por la financiación autonómica a 2.565 millones, casi 100 millones de euros menos, y dejó en el aire 77 millones de euros de un mes pendiente de recaudación del IVA. En agosto, Armengol aprovechaba el despacho de Sánchez con Felipe VI en Marivent para reclamarle esa cantidad y la respuesta era contundente: no se podía transferir el dinero mientras no hubiera Gobierno.
Después de haber insistido en ello la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las semanas siguientes, incluso avalándolo con informes de la Abogacía, este mismo mes, otra vez con la convocatoria de elecciones y acercándose la nueva campaña, el Gobierno ha desbloqueado parte de esos fondos: antes de final de año llegarán a Balears 100 de los 177 millones. Faltarán todavía los 78 del IVA, pero supone un balón de oxígeno para cuadrar las cuentas del Govern.
Mientras el Govern reclamaba el dinero, varios de sus departamentos estaban pendientes de avisos de inconstitucionalidad enviados por el Gobierno de Sánchez en los días siguientes a su victoria electoral de abril. Pese a haberse inspirado en ellas para su programa electoral, Sánchez dejaba en el aire el modelo verde de Balears. Llevaba al Constitucional la ley de Evaluación Ambiental y amenazaba con hacer lo mismo con las leyes de Residuos y de Cambio Climático, dos de las leyes estrella del Pacto.
Sin cesiones del Govern
Después de semanas de contactos e incluso de negociaciones que acababan con pesimismo, estas dos últimas semanas el Gobierno socialista ha dado vía libre a ambas leyes a la vez que también aparcaba otros avisos contra normas del Ejecutivo. Sin que el Govern haya tenido que ceder un milímetro, Sánchez ha desistido de recurrir ninguna de las dos leyes, que implican la prohibición de los plásticos de un sólo uso a partir de 2021 y el veto a la venta de coches diésel en el archipiélago a partir del año 2025.
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