El descuento del 75 por ciento salvado por los pelos; un Régimen Especial (REB) irreconocible, sin fondos de insularidad de 400 millones y con la parte fiscal en el aire, aprobado sobre la bocina; unos presupuestos con un recorte de 20 millones en la inversión en las islas y ni rastro de los 240 millones del convenio de carreteras que el Govern espera desde 2015; media docena de leyes puestas en solfa, entre ellas las ambiciosas leyes de Cambio Climático o de Residuos; una ampliación de Cabrera con una letra pequeña que ahora enfrentará en los tribunales a Balears con el Estado; y, como puntilla, la autorización por sorpresa la pasada semana de la subasta del solar del antiguo acuartelamiento de Son Busquets, piedra angular de las promesas de nueva vivienda de alquiler social.
Es el balance de algo más de un año de relación entre el Govern de Francina Armengol y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que ha topado sistemáticamente por agravios y obstáculos a sus políticas. Mientras los dos ejecutivos exhiben sintonía y pese a la coincidencia de color, en hasta una quincena de ocasiones los intereses de Balears se han encontrado en frente con Pedro Sánchez.
Después de tres años de tensa relación entre el Govern de Armengol y el Gobierno popular de Mariano Rajoy, especialmente en una recta final marcada por los recursos impulsados por la entonces delegada del Gobierno en las islas, María Salom, la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa cambió el paso del ejecutivo autonómico a un año de las pasadas elecciones.
Si bien la retirada de los recursos de Salom a las pocas semanas de estrenarse el nuevo Gobierno auguraba un idilio entre Balears y Madrid, siete años después con el PSOE gobernando en ambos lados, rápidamente se evidenció que la relación no sería tan fácil.
Una relación que ha ido empeorando en las últimos meses. A la vez que Pedro Sánchez decía en sus mítines en las islas que quería "hacer en España lo que ha hecho Francina en Balears" y nutría su programa de medidas impulsadas en las islas, su Gobierno torpedeaba algunas de las principales iniciativa del Govern balear.
DESCUENTO 75%
Ábalos amagó con retrasar el aumento de la bonificación
El primer jarro de agua fría. Cuando los diputados canarios habían logrado arañar a Rajoy la mejora del descuento aéreo a cambio de su apoyo a las cuentas, en una respuesta en el Congreso, el recién estrenado ministro de Fomento, José Luís Ábalos, retrasaba la entrada en vigor de la mejora del descuento aéreo del 50 al 75 por ciento, "en el mejor de los casos", seis meses. Ahí dio sus frutos la alianza con Canarias. Tras una reunión a tres bandas entre el expresidente canario, Armengol y Ábalos, en apenas una semana quedó resuelto. En un consejo de ministros, el Gobierno dio luz verde a la entrada en vigor del aumento del descuento para volar entre Balears y la península al 75 por ciento. Aunque salvado, fue el primer desencuentro.
RÉGIMEN ESPECIAL
REB sobre la bocina sin 400 millones del fondo de insularidad
Con el cambio de Gobierno, la negociación llevada a cabo hasta la fecha entre el entonces ministro Cristóbal Montoro y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, para un nuevo Régimen Especial (REB), quedó paralizada. Tuvieron que pasar casi tres meses hasta que, en la visita de Sánchez al Consolat tras su despacho con el Rey en Marivent, el presidente y Armengol desencallaran la parálisis. Sin embargo, su aprobación no sería ni mucho menos rápida.
La ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó desde un inicio su oposición a un trato singularizado para Balears y enterró la propuesta inicial de REB del Govern, sustentada por un fondo de inversión de 400 millones y el régimen fiscal.
No fue hasta que la legislatura daba sus últimos coletazos, con el Gobierno de Sánchez abocado a elecciones por la imposibilidad de aprobar sus presupuestos, cuando sobre la bocina, el Gobierno dio luz verde a un REB de mínimos, que cambió los 400 millones del fondo de insularidad por un mecanismo para dejar a Balears en la media de inversión del Estado, algo que ya exige el Estatut, y dejando en el tintero un anteproyecto de ley para la parte fiscal, que aún queda por aprobar.
Presupuestos
Recorte de 20 millones a la inversión y sin los 240 de carreteras
Mientras Govern y Madrid negociaban el Régimen Especial, caía otro jarro de agua fría en el Consolat. Los primeros presupuestos de Pedro Sánchez recortaban 20 millones la inversión del Estado en Balears respecto a las últimas cuentas de Rajoy, dejándola en 152 millones, lejos de la media y de nuevo entre las autonomías en el furgón de cola de la inversión. Pese a la coincidencia de color, el Govern tuvo que admitir que eran unos presupuestos "insuficientes para Balears".
Además del recorte a la inversión, el Gobierno de Sánchez volvió a olvidarse de los 240 millones del convenio de carreteras adelantado por Balears, prometidos por el ministro Montoro y de los que el Govern preveía contar con 180 millones para este año.
Cabrera
Conflicto en los tribunales por la letra pequeña de la ampliación
Si uno de los hitos del Gobierno de Sánchez con Balears iba a ser la ampliación de 10.000 a 90.000 hectáreas, la letra pequeña del texto del ministerio de Transición Ecológica sobre la gestión de las aguas enfrentará ahora en los tribunales a Govern y Gobierno, en lo que supone el episodio de mayor enfrentamiento directo entre las dos administraciones.
El pasado viernes el Ejecutivo de Armengol anunció una demanda contra el Estado por atribuirse la gestión de las aguas del archipiélago después de la ampliación del Parque Nacional y que Balears entiende que deben ser íntegramente de su competencia.
Depuradoras
El Gobierno se niega a asumir los 120 millones de dos depuradoras
Un mes después de aprobar el Régimen Especial (REB) con el objetivo de garantizar la inversión del Estado en las islas, el Gobierno Sánchez escamoteaba una inversión prevista de 120 millones para dos nuevas depuradoras en Palma y Can Picafort. En contra de un protocolo firmado en 2009, Madrid obliga al Govern a asumir el pago de estas dos infraestructuras.
Pese a la existencia de un protocolo firmado en 2009 que comprometía esa inversión en saneamiento y depuración, la sociedad estatal de gestión del agua dependiente del ministerio de Transición Ecológica ACUAES comunicó el pasado mes abril al Govern su negativa a hacer frente al coste de las dos depuradoras. Concretamente, se trata de la estación de depuración Palma II, del Coll, con un coste de 100 millones , y de la de Can Picafort, por 17,5 millones.
LEYES RECURRIDAS
Sánchez cuestiona el modelo 'verde' entre media docena de leyes
La guerra contra los plásticos de un solo uso, el veto al diésel desde 2025 o la ley de Evaluación Ambiental, medidas estrella del Govern durante la pasada legislatura han topado también con el Gobierno de Sánchez. En apenas un mes, justo después de las elecciones generales, el Ejecutivo central maniobró en contra de las tres leyes, con comisiones bilaterales previas al recurso al Constitucional o ya la admisión a trámite en el alto tribunal en el caso de la ley de Evaluación Ambiental, dejando en el aire la supervivencia de las normas ecologistas del Govern. Además de estas, se han cuestionado con diferente resultado leyes como la de Vivienda, la ley Agraria, la de Infancia o, esta misma semana, la ley de Consultas populares. También bajo amenaza quedó el pago de la carrera profesional.
SON BUSQUETS
Defensa compromete el mayor proyecto de vivienda social
Después de una campaña electoral protagonizada por la dificultad de acceso a la vivienda, uno de los principales proyectos de Govern y Cort, el del antiguo acuartelamiento de Son Busquets, se ve frenado ahora por la autorización del Consejo de Ministros de sacar a subasta el solar del antiguo complejo militar, donde los partidos del Pacto proyectaban 840 viviendas de alquiler social.
