El Govern de Francina Armengol lleva a los tribunales al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para disputarle al Estado la gestión de las aguas exteriores del parque nacional de Cabrera. En el primer Consell de Govern de la segunda legislatura del Pacte de Progrés se acordó ayer dar luz verde a la abogacía de la comunidad autónoma para presentar una demanda contra el Gobierno central para reclamar la gestión del parque nacional, cuya protección marítima fue ampliada el pasado mes de febrero. La demanda judicial se presentará ante el Tribunal Supremo y previsiblemente tardará varios años en resolverse.
Según informó el viernes el Govern, este recurso administrativo se presenta contra dos apartados del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 1 de febrero, por el que se aprobó la ampliación de los límites del parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera, incorporando como zona protegida una amplia superficie marina. En concreto, esta decisión representaba ampliar en 80.779 hectáreas marinas la zona de protección, frente a las 10.000 hectáreas que estaban inicialmente protegidas. De esta forma, el archipiélago de Cabrera se convirtió en el parque nacional más grande del mar Mediterráneo, con una superficie total de 90.800 hectáreas.
La decisión principal por la que discrepan el Govern balear y el Ejecutivo de Madrid se focaliza en la gestión de las aguas exteriores marinas del parque. Al ampliar el área de protección, Moncloa decidió que la gestión correspondía a la Administración General del Estado, señalando que no existían evidencias científicas que avalaran la continuidad ecológica con el ecosistema terrestre.
Según detalló ayer Pilar Costa, el Govern no interpreta este aspecto técnico de la misma forma que lo hace el Ejecutivo central y por ello se ha decidido a acudir a los tribunales para recuperar la gestión de todo el parque nacional, basándose en el traspaso de competencias aprobada hace diez años. Además, el Govern insiste en que la ampliación del parque ha sido, precisamente, como consecuencia del interés que ha mostrado Balears, que venía reclamándolo desde hacía ocho años.
El argumento principal que defenderá la abogacía de la comunidad autónoma, con el que se pretende convencer a los jueces del Supremo, es que el Govern balear ya venía gestionando antes de la ampliación las aguas exteriores del parque, dado que en la anterior delimitación de Cabrera se incluía esta zona marítima. Además, también se insistirá en que si el archipiélago se gestiona a través de varias administraciones se romperá el principio de unidad única de gestión. Antes de ir a los tribunales para recuperar esta gestión, Armengol, el pasado mes de abril, ya envió un requerimiento al Estado reclamando el control del archipiélago. Desde Madrid ni siquiera se han dignado a contestar.
Nueva ley de consells
Por otra parte, Armengol y Catalina Cladera, tras su primera reunión oficial en el Consolat, acordaron que se impulsará desde el Ejecutivo la aprobación de una nueva ley de consells insular.
Ambas presidentas abordaron ayer los principales problemas que sufre la isla de Mallorca y se centraron en la dificultad para acceder a la vivienda y la saturación de vehículos que sufren las carreteras de la isla.
CONTENIDO_RELACIONADO
- Cabrera se convierte en el parque nacional más grande del Mediterráneo
FIN_CONTENIDO_RELACIONADO
