Sánchez cede y no llevará el veto de Baleares a las bolsas de plástico al Constitucional

Hace apenas quince días Gobierno y Govern acababan sin acuerdo y con posiciones inamovibles una reunión bilateral ante el aviso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central sobre la ley balear de Residuos.

Concretamente, el Gobierno rechazaba el artículo sobre el cánon de residuos que deberían abonar los ayuntamientos que no alcancen los objetivos de reducción de residuos, por entender que los impuestos municipales son competencia exclusivamente del Estado; y el artículo sobre el veto a las bolsas de plástico, con el que el Govern va más allá que la normativa básica estatal prohibiendo que las habituales bolsas de la compra puedan ser de plástico biodegradable, obligando a que sean de papel o reutilizables.

Sin embargo, a punto de acabar el plazo para llevar la ley al Constitucional, el Gobierno central envió el pasado viernes una propuesta de acuerdo al Govern que ha sido aceptada sin pestañear por la conselleria de Medio Ambiente al no obligar a modificar ninguno de los artículos de la ley.

La oferta de Madrid, aceptada por el Govern, se limita finalmente a pedir que la ley tenga en cuenta en la aplicación del cánon de residuos que la competencia de tributos locales es Estatal, pero sin forzar ningún cambio en la redacción del artículo, y a que Medio Ambiente se comprometa a adaptar el veto a la ley de plásticos a la jurisprudencia que siente el Constitucional cuando se pronuncie sobre el mismo artículo de la recurrida ley navarra de residuos.

El Govern ya ha respondido que acepta la oferta y a falta de que el acuerdo sea oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone enterrar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Residuos, una de las leyes verde estrellas del Govern puestas en cuestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que el líder socialista llevaba en su programa prohibir los plásticos de un solo uso en toda España.

Espaldarazo al veto al diésel

No tuvo tanta suerte la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ya en manos del Constitucional, y ahora queda pendiente de resolver las discrepancias al rededor de la ley de Cambio Climático y su prohibición a los vehículos diésel en las islas a partir del año 2025.

Esta última ley, que también está pendiente de Bruselas por la denuncia de los fabricantes de vehículos Anfac ante la Comisión Europea, recibió de momento esta semana el espaldarazo de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, que ha resuelto una queja de los fabricantes señalando que el veto al diésel no vulnera la ley general de unidad de mercado, aunque sugiriendo al Govern algunos cambios para que sea menos restrictiva.

De momento, en virtud del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Govern se librará del recurso de inconstitucionalidad la ley de Residuos y la prohibición de las bolsas de plástico desde 2021.

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